El País Vasco se juega hoy en el Tribunal de las Comunidades Europeas buena parte de su capacidad para dictar impuestos diferentes a los del Estado, después de que La Rioja y Castilla y León presentaran recursos contra la fiscalidad aprobada en las diputaciones forales vascas.

La cuestión es si el impuesto de sociedades que aplica Euskadi, más bajo que el del resto de España, es compatible con la legalidad europea o, por el contrario, el dinero que se ahorran las empresas debe ser considerado una ayuda de Estado y, por tanto, ser ilegal. En el fondo, está en juego la capacidad vasca de dictar normas fiscales propias, una facultad vista como una competencia desleal por comunidades limítrofes.