Los partidos catalanes escenificaron ayer en el Congreso su nula capacidad de acuerdo sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que recorta el Estatut y el plan de acción para hacer frente a sus consecuencias. Ni el grupo socialista, incluidos los 25 diputados del PSC, quiso añadir a su propuesta el pacto de mínimos alcanzado el viernes en el Parlamento catalán, que recoge el preámbulo de la Carta catalana; ni CiU, ERC e ICV apoyaron la única resolución con visos de salir airosa: la del PSOE, que por otra parte sostenía en su último punto que dicho preámbulo, con su referencia a Cataluña como nación, tiene "perfecta cabida" en la Carta Magna. Nadie cedió y todo quedó en nada o en un ensayo de las elecciones catalanas, con el PSC y CiU acusándose de caer en la "vergüenza".

Para el socialismo catalán --cuyo texto fue derrotado por 174 votos en contra, 169 a favor y 4 abstenciones--, la federación cayó en la vergüenza, dijo el diputado Daniel Fernández, por su "electoralismo". Para CiU, el PSC se instaló en el mismo terreno al ser incapaz, dijo el parlamentario Pere Macías, de votar su resolución, que incluía el texto pactado en el Parlament y la declaración, tan crítica con el TC, del president José Montilla tras conocerse la sentencia, y mostrar que no tiene ni "voz distinta a la del PSOE" ni coherencia para "votar lo mismo en Cataluña y en Madrid".

El PSOE salió del Congreso con una única derrota. El grupo socialista llegó al hemiciclo con 15 propuestas y en una sesión de poco debate y muchas votaciones (se discutieron 90 resoluciones, más las enmiendas), ganó 14. Todas, menos la referente al TC y el Estatut. Una nueva constatación de cómo el PSOE sigue padeciendo el llamado problema catalán. En temas identitarios, pero no en otros: en el mismo pleno, CiU, absteniéndose, permitió que prosperara el techo de gasto presupuestario, antesala para aprobar las cuentas del 2011.

El PSC no solo fue incapaz de mantener la unidad catalana, sino que asistió a un guiño de complicidad entre el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.