La Unión de Consumidores (UCE) ultima la decisión de personarse como acusación en el proceso judicial contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, acusado de delitos contra la salud pública y la propiedad industrial.
La secretaria general de la UCE, Ana Herce, subrayó ayer que entre los afectados hay agricultores y los consumidores de los productos presuntamente tóxicos fabricados por Naranjax, empresa de Vicente Vilar, exsocio y denunciante de Fabra, y distribuidos por Artemis 2000, sociedad de la exmujer de Vilar y de la esposa de Fabra.
Vilar ha acusado a Fabra de influir en altos cargos de los ministerios de Agricultura y de Sanidad para que se autorizara el producto Abac, paralizado por dudas sobre sus efectos tóxicos. El empresario asegura que Fabra cobró sustanciosas cantidades por esas gestiones.
"Estamos estudiando el tema porque legalmente tenemos algo que decir", explicó Herce, ya que entre los objetivos de la UCE "está la defensa de la salud pública". La juez que ha llevado el caso hasta ahora, Isabel Belinchón, se trasladará hoy a Teruel por un "ascenso forzoso" previsto en la ley. Su sustituta es Carmen Albert, que permanecerá como interina hasta el nombramiento de un nuevo titular, lo que puede alargarse varios meses y demorar el proceso.
CITACIONES Albert deberá decidir si admite la solicitud del fiscal de citar como testigos a personas relacionadas con el caso pero cuyos nombres no han trascendido. En las declaraciones de Vilar y Fabra aparecieron el exministro Jesús Posadas y dos diputados del PP por Castellón.
