Enrique Álvarez Conde, el catedrático de Derecho Constitucional que dirigió el máster de Cristina Cifuentes, no podrá de momento organizar más cursos de postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ni dirigir trabajos de fin de máster, ni dar clases o examinar a alumnos. El rector de la universidad, Javier Ramos, le suspendido cautelarmente de sus funciones ayer, comunicando su decisión en una reunión del Consejo de Gobierno de la universidad. La suspensión cautelar implica, según fuentes del claustro, que el profesor Álvarez Conde estará apartado de su trabajo durante un máximo de seis meses, cobrando solo su sueldo base de funcionario.
Son las consecuencias provisionales del más grave expediente disciplinario que se recuerda en el claustro de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URJC. El rector Ramos ha anunciado también la apertura de otro expediente disciplinario a la funcionaria del vicerrectorado Amalia Calonge, supuestamente implicada en el falseamiento de notas del máster de la presidenta autonómica madrileña. En la reunión de su Consejo de Gobierno, el rector anunció la apertura de un conjunto de auditorías sobre las actividades de todas las entidades asociadas a la universidad, como el Instituto de Derecho Público. Se examinarán sus cursos, trabajos, exámenes, matrículas y tasas no solo desde el punto de vista académico; también desde el contable.
A las asociaciones de estudiantes que han llevado el máster de Cifuentes a la Fiscalía les parecen «medidas de maquillaje que no tienen credibilidad», dijo Francisco Molina, integrante del consejo de estudiantes de la URJC y de la asociación estudiantil Res Publica.
También fue suspendido el procedimiento de investigación reservada sobre el máster de Cifuentes, que llevaba a cabo una comisión de investigación interna, pero no las pesquisas en torno a los otros cursos que organizaba Álvarez Conde.
La URJC anulará el título de máster en Derecho Público del Estado Autonómico que actualmente posee Cristina Cifuentes si una sentencia firme confirma que fue obtenido irregularmente, según afirmó el rectorado en un comunicado emitido ayer.
En su última comparecencia ante la prensa, el pasado 6 de abril, Ramos señaló que no había constancia de la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, a pesar de que es obligatorio el archivo del acta, ni tampoco de la memoria de dicho TFM.
La presidenta regional, mientras tanto, sigue erre que erre. Del IDP ya ha salido la profesora Laura Nuño, que dimitió por el caso diciéndose «engañada» por Álvarez Conde.
