Tres magistrados conservadores forman el tribunal que decidió archivar la causa contra el presidente valenciano, y uno de ellos, Juan Montero, discrepó porque no tenía claro que los hechos no sean constitutivos de delito en el caso de Camps, Campos y Betoret. Montero dudó de que el delito no exista, como dicen sus compañeros, así como también disintió de la interpretación del Tribunal Supremo para el artículo 426 del Código Penal, objeto del auto.
