Sufrir un secuestro por parte de piratas son gajes del oficio de los pescadores de atún. Esto es lo que ayer vino a decir la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien se sumó así a la guerra política generada en torno a la liberación de los 36 tripulantes del buque español Alakrana . "Entendemos la preocupación, con carácter general, en cuanto a los riesgos que se asumen pescando en una zona de esa naturaleza, pero también forma parte de su trabajo", afirmó De la Vega. La titular de Defensa, Carme Chacón, explicó que el Gobierno "baraja todas las opciones legales" para liberar el pesquero y no excluyó una intervención militar.
A principios de septiembre, Chacón ya advirtió a los armadores que surcan las aguas de Somalia de que redujeran el perímetro de pesca y faenaran más juntos. La ministra también recordó que su departamento gasta 75 millones de euros al año "para defender negocios privados". El Alakrana estaba pescando a 800 millas de la zona de seguridad del Indico que está bajo vigilancia militar cuando se produjo el asalto.
