La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, de mantener una actitud "ignominiosa y obscena" tras la decisión de atenuar la prisión del etarra José Ignacio de Juana Chaos, medida que subrayó que es "escrupulosamente legal". Fernández de la Vega se expresó así en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros y en la que hizo hincapié en la legalidad de la decisión pese a que al Gobierno, "como a la mayoría de los ciudadanos", dijo, no le guste.
Insistió en que la medida se ajusta estrictamente a la legalidad y consideró que las declaraciones de los dirigentes del PP tras la decisión sobre De Juana son "ignominiosas y obscenas democráticamente hablando".
El anuncio de Rajoy de que convocará una manifestación contra esa medida llevó a la vicepresidenta a reiterar que el "grado de irresponsabilidad" de este partido es "verdaderamente obsceno" y a señalar que se trata de "una ocurrencia impropia y poco digna de quien es el líder de la oposición".
Al hilo de esa frase, recordó que Rajoy es "el líder de la derecha peor valorado de toda la democracia", y abogó por aportar "sosiego" y aclarar algunas cosas que se están diciendo. Por ejemplo, negó que sea verdad que De Juana haya quedado libre (ya que sigue cumpliendo condena de segundo grado atenuada por su estado físico), que se haya cedido a un "chantaje" ("si hay ley, no hay chantajes", subrayó) o que se haya pagado un precio político ("el Gobierno -garantizó- no ha pagado ni pagará nunca un precio político).
Respeto a la vida
Precisó que lo que sí hace el Gobierno es política, al tiempo que actúa con arreglo a criterios de legalidad, demuestra que, para él, "la vida está por encima de la muerte", y aplica e interpreta la ley con valores constitucionales y uno de ellos, precisó, es el respeto a la vida. "Todos compartimos el rechazo que conlleva esta decisión", añadió la vicepresidenta, quien, no obstante, dijo que debe primar el sentido de la responsabilidad y la defensa del Estado de Derecho por encima de cualquier consideración "oportunista y partidaria".
Reconoció que el asunto ha generado un amplio debate social que el Gobierno "respeta, asume y afronta", y resaltó, al igual que hizo ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el Ejecutivo tiene una "profunda comprensión" ante la "incertidumbre" que genera la medida. Aseguró que el Gobierno asume "al cien por cien" las consecuencias de la decisión y explicó que, "a diferencia de los terroristas, el Estado de Derecho y el Gobierno, que lo respeta y protege, es magnánimo aunque tenga que tomar decisiones que provocan rechazo" y que reconoció que pueden ser "difíciles de entender". A renglón seguido, pidió a todos los ciudadanos que tengan confianza en las instituciones y los procedimientos democráticos y garantizó que el Gobierno jamás los "forzará o quebrará". "Los terroristas nunca van a ganar la partida, nunca van a ganar a la ley a pesar de la generosidad, incluso a veces difícil de entender, con que tiene que actuar en ocasiones el Estado de Derecho", añadió.
De la Vega explicó que la decisión sobre De Juana es respaldada por todo el Gobierno aunque le corresponda comunicarla a un ministro determinado (Rubalcaba) en el ámbito de sus competencias. Ante la posibilidad de que el etarra se recupere y se le aplique de nuevo el segundo grado sin atenuación, subrayó que se cumplirá siempre la ley y de acuerdo a lo que decida la Junta de Tratamiento, al tiempo que precisó que se actuará en consecuencia si se supera la situación de enfermedad física que ha dado lugar a la atenuación. "Seguiremos aplicando la ley, y, cuando las circunstancias cambien se volverá a aplicar la ley", añadió.
Respecto a la hipótesis de que el Gobierno haya decidido la atenuación de la prisión esperando que se pueda retomar el proceso de paz, la vicepresidenta dijo que el Ejecutivo no actúa en función de ninguna decisión que pueda tomar ETA o De Juana, sino de acuerdo con la legalidad y al principio de que la vida está por encima de la muerte". Ante la petición del PP de que Zapatero comparezca en el Congreso, se limitó a señalar que los miembros del Ejecutivo siempre acuden al Parlamento cuando esta institución lo decide.
