El Gobierno no está dispuesto a que el PP trate de resolver sus problemas con ataques a los distintos poderes del Estado. Ese es, en todo caso, el juicio del Ejecutivo, que apremia a la dirección del PP a asumir responsabilidades por la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega exigió ayer al presidente de los populares, Mariano Rajoy, responsabilidad y "lealtad institucional", y acusó a los dirigentes del PP de "francotiradores" por sus reproches a la policía judicial y al propio juez Garzón.

SIN REACCION De la Vega, después del Consejo de Ministros, insistió en que el PP sigue sin reaccionar. En vísperas de las elecciones gallegas y vascas, con las dos campañas electorales contaminadas por la investigación de Garzón, la vicepresidenta fue contundente al repasar las actuaciones de la dirección del PP en las últimas semanas: "Primero, riéndose; después, poniendo hora a las dimisiones para otros; ahora, lanzando acusaciones contra un juez... Todo esto por no asumir responsabilidades políticas", sentenció.

El PP, en el cierre de la campaña electoral, insistía ayer en sus críticas al juez Garzón, al que considera que debe inhibirse del caso. En la misma línea se pronunció el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, quien consideró que Garzón es "lo que nunca debería ser un juez".

VISITAS A CAMPS Por su parte, el PP valenciano restó importancia a la reunión del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el pasado viernes en la Generalitat Valenciana, solo un día después de que se conociera que Camps aparecía en la investigación de Garzón. También visitaron a Camps el diputado José María Michavila y la alcaldesa valenciana, Rita Barberá, que fue para "apoyarle".