La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Madrid no haya estimado su demanda contra el responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, que en el 2007 calificó el empadronamiento de De la Vega en Beneixida, Valencia, como "irregular" y criticó la recalificación de unos terrenos propiedad de la vicepresidenta.
De la Vega demandó al citado dirigente popular por "intromisión ilegítima" en su derecho al honor. La sentencia, hecha pública ayer, rechaza esta demanda y recuerda que los políticos adaptan su vecindad a fin de atribuirse las candidaturas electorales. De la Vega fue cabeza de lista por Valencia en las elecciones generales del 2008.
González Pons exigió ayer la dimisión de la vicepresidenta por "haber mentido". Además, pidió a De la Vega que "regularice su empadronamiento" y que lo haga "en Madrid, que es donde vive", ya que los tribunales le han dicho que su situación "es irregular". "Si tiene dignidad democrática que dimita por haber mentido y por no haberse resistido a llegar hasta el final judicialmente hablando a sabiendas de que no tenía razones", añadió.
