La guerra de los híper entre el Gobierno y las autonomías queda pospuesta, al menos por ahora, porque la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha impuesto su criterio frente a Pedro Solbes. En contra de los deseos del vicepresidente económico, el Consejo de Ministros no aprobará en su reunión de hoy el proyecto de ley que abre la puerta a la proliferación de grandes superficies comerciales, toda vez que De la Vega ordenó el miércoles paralizar la norma que patrocina Solbes hasta que se alcance un acuerdo con las comunidades --mayoritariamente contrarias a esta reforma-- y con el pequeño y mediano comercio.
La número dos del Ejecutivo presidió anteayer, como todos los miércoles, la reunión de la comisión de subsecretarios, órgano de coordinación que debate las iniciativas que afectan a diversos departamentos y fija la agenda del Consejo de Ministros de los viernes. Sobre la mesa, el anteproyecto del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que permitiría abrir hípers de hasta 2.500 metros cuadrados en cualquier municipio sin tener licencia del Gobierno autonómico.
En la reunión del miércoles, preguntado por el grado de consenso que concita esta iniciativa, un representante de Industria hubo de reconocer ante De la Vega que la práctica totalidad de las autonomías se oponen a esta reforma por entender que invade sus competencias estatutarias en materia comercial, que les permite denegar la licencia a un híper si estiman que puede dañar al comercio local o comprometer el desarrollo de la población. Y las patronales del comercio minorista lo rechazan por el mismo motivo. Fue entonces cuando De la Vega desechó la inclusión de la iniciativa en la agenda del Consejo de Ministros y ordenó a Industria que, antes de volver a llevar esta ley a la comisión, pacte con el comercio y las comunidades.
