El Gobierno de Venezuela indemnizará con más de 325.000 euros a dos etarras, Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola, por haberlos entregado en el año 2002 a la justicia española, según informó anoche la agencia Vasco Press, que asegura que ha tenido acceso al documento pactado de manera amistosa entre las partes.

Etxaniz Alkorta --que recibirá 193.000 euros, entre otros motivos, "por torturas recibidas"--, un histórico del comando Vizcaya , se encuentra cumpliendo condenas que suman 95 años de cárcel por tres asesinatos, mientras que Galarza Mendiola (ingresará 132.000 euros) quedó en libertad tras tres años en prisión. Los dos etarras fueron detenidos por la policía de Venezuela en el 2002 y deportados a España, donde fueron encarcelados y juzgados, ya que ambos estaban reclamados por la Audiencia Nacional.

NACIONALIDAD A OTROS 4 Además, como parte del acuerdo entre los etarras y el Gobierno de Hugo Chávez, este se ha comprometido a ofrecer la nacionalidad a otros cuatro miembros de ETA residentes en el país como garantía para evitar su posible extradición a España.

Los abogados de Etxaniz y Mendiola presentaron, en noviembre del 2002, una denuncia contra el Estado de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta deportación ilegítima. La denuncia fue admitida a trámite el pasado marzo, lo que llevó a abrir una negociación entre el Gobierno de Chávez y la representación de los dos etarras, que culminó con un acuerdo el pasado junio. El pago de la indemnización será resultado de un pacto voluntario y amistoso.

RESPONSABILIDAD El 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el pacto y lo incluyó en el informe anual que se envía a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

En virtud del acuerdo, Venezuela "acepta su responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de los ciudadanos vascos" Etxaniz y Mendiola "al haber procedido a realizar una deportación ilegal y entrega ilegal al Estado español". Venezuela reconoce la violación de los artículos de la Convención Americana que regulan el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y la dignidad, y a la protección de la familia, entre otros.

Además, para "garantizar la integridad física y moral" de Etxaniz, Caracas se compromete a realizar gestiones ante las autoridades españolas para que pueda cumplir la pena "en un recinto carcelario cercano a su lugar de origen, tal como establecen las normas internacionales".