Manuel Marín preside el Congreso de los Diputados desde el pasado viernes, pero ya está preparando un estatuto de imparcialidad de quienes ocupan ese puesto. Según sus planes, los presidentes de la Cámara Baja, al finalizar su mandato, estarán sometidos a una moratoria de dos años antes de poder dedicarse a negocios privados. Tampoco podrán ser candidatos autonómicos o municipales.
Esas restricciones se incluirán en el proyecto de reforma del Reglamento del Congreso que prometió el PSOE para dar más protagonismo al Parlamento. Los límites que proyecta Marín se auguran polémicos.
Según el presidente del Congreso, "para garantizar la independencia es bueno que el presidente no sea miembro orgánico ejecutivo o consultivo de su partido". Por esta razón, él mismo ha abandonado la ejecutiva del PSOE.
