José María Solís, uno de tantos constructores en apuros, amaneció el lunes muy alterado. Hecho un manojo de nervios, bajó al garaje, cargó en su camión dos bidones de gasolina y lo condujo hasta al Ayuntamiento de Loeches (Madrid). Una vez allí, bajó los seguros e hizo saber al guardia civil que custodiaba la entrada que se quemaría a lo bonzo si el alcalde no le pagaba los 450.000 euros que el consistorio le adeuda desde hace cuatro años. Su historia puso rostro a la desesperación de decenas de miles de autónomos y pequeños empresarios abocados a la ruina no solo por la crisis, sino por el infortunio de tener como clientes a las administraciones públicas, cuya morosidad triplica la del sector privado. Solo algunos datos para ilustrar la magnitud del desaguisado. Según los cálculos de las patronales, una de cada cuatro quiebras empresariales trae causa de la cachaza con que ayuntamientos, autonomías y Estado afrontan sus pagos. Si entre privados el retraso medio en el cobro ronda los tres meses, cuando el acreedor topa con la burocracia administrativa la demora oscila entre 210 y 380 días.

El ranking de la informalidad institucional lo encabezan algunos consistorios andaluces, que se toman 18 meses en saldar sus cuentas. El "vuelva usted mañana" con el que Larra diseccionó la indolencia funcionarial sigue tan vigente como hace dos siglos, pero hoy contribuye a agravar la hemorragia de parados que está desangrando el país. Ahora que los escándalos de (presunta) corrupción acorralan al PP --la pérdida del poder priva a los partidos de defensas ante las denuncias; a perro flaco todo son pulgas--, conviene reseñar que el tráfico de influencias y el consiguiente pago de comisiones palpita tras la morosidad de las administraciones. Al igual que en el sector privado, el comisionista procura que su cliente cobre sin demora, y el edil putrefacto paga antes al contratista que le mima que a aquel que no cede al chantaje. Por ley, una dilación superior a dos meses en la satisfacción de una factura eleva su importe un 11% por los intereses de demora. Sobrecoste gravoso para cualquier empresario pero inocuo para el gestor público, puesto que sale del bolsillo del sufrido contribuyente, y no del suyo.

Detectado el problema, ¿qué hace el Gobierno? Zapatero prometió en diciembre ponerse manos a la obra, y el Congreso, en una de esas mociones tan bienintencionadas como estériles, reclamó soluciones. Pero el paquete de medidas anticrisis que el viernes aprobó el Consejo de Ministros soslaya este enojoso asunto.

Solís ha cobrado esta semana 14.000 euros, el 3% de la deuda. Urge actuar para que ningún otro empresario angustiado siga su ejemplo.