El repunte de la violencia callejera en Euskadi durante el fin de semana del 23 y 24 de julio ha encendido las alarmas. Responsables de Interior y dirigentes políticos se preguntan si los instigadores de la kale borroka quieren convertir los ataques a mobiliario urbano y el incendio de oficinas y sedes públicas y privadas en la enseña que sustituya a la actividad de ETA. De momento, no hay certezas, pero sí preocupación.
Un autobús calcinado, el primero después de tres años en los que había cesado la quema de transportes; el ataque con cócteles a la vivienda de una concejal socialista en Azpeitia (Guipúzcoa); los artefactos contra bancos y entidades públicas, el incendio de contenedores; explosivos simulados ante sedes del PSE y del PNV... Este tipo de acciones se prodigaron durante tres días del pasado fin de semana como reacción de los radicales a la muerte, en accidente de tráfico en Francia, del presunto etarra Imanol Gómez.
"Se encontró una excusa. El fallecimiento de Gómez ha supuesto una especie de válvula de escape para una generación educada en la kale borroka y que se resiste a dar el paso definitivo a la no violencia", asegura el portavoz de la ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu.
Acciones planificadas
El Departamento vasco de Interior niega la espontaneidad de los episodios violentos. "No son cuatro locos los que, de repente, deciden quemar un contenedor. Hay decisión, preparación y organización", aseguran fuentes de la consejería.
Resaltan que los ataques del anterior fin de semana pudieron multiplicarse espectacularmente de no ser por el dispositivo de prevención desplegado por la Ertzaintza. Sin embargo, las mismas fuentes precisan que la infraestructura de la kale borroka es menor que hace cinco años. La Ertzaintza ha detenido en tres años a más de un centenar de jóvenes. "Se ha desarrollado un trabajo muy completo, quitando de la calle a elementos clave. La presión policial es muy importante y saben las penas que se imponen por delitos terroristas".
Los responsables policiales creen que aún un buen número de jóvenes de entre 17 y 21 años está dispuesto a desafiar las disposiciones adoptadas para combatir una violencia callejera que, desde los 90, ha producido daños multimillonarios y ha sido campo de prácticas para quienes pasaban a ETA.
"Tendremos que valorar si, como ocurrió en la tregua en 1998, lo que pretenden es sustituir la inacción de ETA. De momento, se han movido más a golpe de coyuntura", aseguran fuentes de la Ertzaintza. De momento, la policía vasca se encuentra en máxima alerta.
