El accidente del avión Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo del 2003, cuando regresaban de una misión en Afganistán, se produjo por una conjunción de tres factores: "El cansancio de la tripulación, su falta de formación y el deficiente mantenimiento del avión", según afirmó ayer el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo.

El informe final de la comisión investigadora, bajo la presidencia turca, dice que la compañía ucraniana UM Air carecía de licencia comercial para operar con Kabul y la adquirió cinco días antes del accidente a una agencia libanesa. A partir de ahí, el informe --que está siendo traducido y será aportado a las familias y a la Audiencia Nacional-- revela que el registrador de voz (caja negra) del avión no funcionaba desde hacía 45 días, por lo que, según la ley, el Yak-42 no tenía que haber despegado; la larga duración del servicio causó el agotamiento de la tripulación; los pilotos no tenían suficiente formación ni información sobre el aeropuerto de Trabzon (Turquía) ni los perfiles de aproximación, geografía o restricciones; tampoco sabían cómo establecer la ruta de preaterrizaje utilizando radiobalizas VOR porque el manual de vuelo del Yak-42 carecía de ese procedimiento.

PLAN DE VUELO A estos factores se sumó el hecho de que la autonomía anotada en el plan de vuelo (5 horas y 45 minutos) no se correspondía con la cantidad real de combustible --el avión podía volar más tiempo-- y que la tripulación, que iba a ser relevada en Trabzon, no considerara un aeropuerto alternativo --el de Ankara-- para no sobrepasar el límite de actividad.

España ha pedido responsabilidad a la agencia de la OTAN por la falta de vigilancia y control del avión contratado en 149.000 euros y subcontratado finalmente en menos de 40.000 euros.

CONTRATACION DEL VUELO Precisamente, el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42, Alfonso Agulló, anunció ayer que pedirá a la Audiencia Nacional la imputación de la cadena de mando encargada de vigilar la contratación del vuelo en el que fallecieron los militares.

Tras conocer el informe de la comisión investigadora del accidente, Agulló declaró que "tras dos años, se da la razón a lo que dijeron los militares del Yak antes de morir". Agregó que el informe confirma que la tripulación del avión estaba formada por una compañía de "piratas aéreos" y que el aparato sufría deficiencias técnicas.

Agulló señaló que las conclusiones del informe ponen de manifiesto que se cometió "un delito", por lo que la asociación pedirá la imputación de los representantes del Ministerio de Defensa encargados de vigilar el contrato del vuelo. También denunció que la Audiencia Nacional no está investigando el accidente y permite que los imputados dirijan la causa.

TRILLO, TESTIGO DEL CASO También se refirió a Federico Trillo, que era el ministro de Defensa cuando se produjo el accidente, y aseguró que "algo tendrá que decir" sobre el informe.

La Audiencia Nacional tiene pendiente decidir sobre un recurso presentado por la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak para que Trillo sea citado como testigo del caso. Agulló pidió a la Audiencia Nacional que investigue a fondo para que la justicia "no dé la espalda" a los 62 militares fallecidos.