El resbalón protagonizado el martes por el PSOE en el Congreso, al dar marcha atrás en la subida de impuestos a los más ricos pactada con IU por las amenazas de CiU, no será un obstáculo para que el Gobierno intente llevarlo a la práctica más adelante. José Luis Rodríguez Zapatero anunció en el pleno de la sesión de control celebrada ayer que llevará de nuevo "el debate" al Parlamento tras el verano, en el marco de la discusión presupuestaria, aunque no precisó cuál será la orientación final de los cambios fiscales. Será difícil que los socialistas vuelvan a pillarse los dedos en esta cuestión.
El principal protagonista del fiasco del día anterior, el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, habló con algo menos de cautela. Anunció, en una entrevista radiofónica, que el PSOE "aboga por una revisión fiscal que incluya más progresividad", aunque añadió que habrá que abordar este tema con "mucho cuidado y tranquilidad cuando en otoño se plantee la política impositiva para el próximo ejercicio".
Si siguiera al pie de la letra la moción acordada con IU, la reforma fiscal sería muy ambiciosa: un IRPF más elevado para los más ricos, progresividad en función del nivel de ingresos para el cheque bebé, el descuento de los 400 euros y revisión de la ley Beckham, que otorga privilegios fiscales a los grandes fichajes futbolísticos.
Fuentes parlamentarias apuntaron que es muy posible que cuando la reforma llegue al Congreso, después del verano, se hayan limado algunas de sus aristas porque en la marcha atrás socialista, además de la presión de CiU, pueden haber influido las reticencias de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, a un "giro tan radical".
"UN MANOTAZO" Si la reforma se mantuviera tal cual, Zapatero podría contar con el apoyo de IU. Su portavoz, Gaspar Llamazares, lo anunció ayer desde la tribuna. Su grupo mantiene la "mano tendida" aunque se arriesgue a "recibir un manotazo" como el del martes. Pero el presidente debería renunciar a los votos de los 10 diputados de CiU, que garantizarán hoy con su abstención que el Ejecutivo apruebe el techo del déficit presupuestario sin más sobresaltos.
El portavoz de grupo parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ratificó este compromiso, pese a que un techo del déficit como el propuesto por el Gobierno, del 8,4%, hace inviable la propuesta de financiación autonómica de la coalición. El presidente de CDC, Artur Mas, situó en 5.000 millones la financiación adicional que podría obtener si fuera él quien negociara con el Gobierno, pero sería necesario subir el déficit público.
