Al filo de la medianoche del sábado, al despedir a Artur Mas tras la larga charla en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero se quitó un peso de encima. Aunque por pura estrategia negociadora había desdramatizado la hipótesis de un fracaso del Estatuto catalán, temía que el desacuerdo tensara las relaciones de Cataluña con el resto de España y bloqueara su proyecto de modernizar el Estado autonómico. Gracias al "impulso histórico" de Cataluña, podrá afrontar más aliviado la reforma territorial de España, interpretan fuentes gubernamentales.
Los colaboradores del presidente sostenían ayer que forzar la retirada de la Carta catalana nunca estuvo entre los planes de Zapatero, pese a que muchas voces socialistas defendieran que ésa era la alternativa más favorable a los intereses electorales del PSOE. "Tras 25 años de funcionamiento, el Estado autonómico necesita una profunda actualización que sin un acuerdo sobre el Estatut hubiera sido mucho más compleja. Hay que reconocer esta nueva contribución de Cataluña a la modernización de España", resaltó ayer el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda.
Junto al Estatuto valenciano, fruto de un pacto PP-PSOE aún sujeto a enmiendas, en esta legislatura se espera la llegada a las Cortes de las cartas autonómicas de Andalucía, Canarias, Baleares y Galicia, todas ellas con el concurso de los populares. En breve, además, el Gobierno empezará a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, al que pretende sumar a todas las comunidades del PP. El sistema pivotará sobre el diseño esbozado el sábado entre Zapatero y Mas, pero con acuerdos específicos para que ningún territorio salga perjudicado.
El siguiente paso, a pactar con los presidentes autonómicos, será mejorar los mecanismos de coordinación entre Estado y comunidades. Y, como colofón, Zapatero sigue interesado en impulsar la reforma constitucional del Senado, si bien no excluye aplazarla si el PP persiste en su actual cerrazón.
En el frente catalán, y ante el protagonismo otorgado a Mas en el tramo final de la negociación, Zapatero intentó tranquilizar a ERC. Así, recordó que, como líder de la fuerza con más escaños en el Parlamento catalán, Mas reclamaba un trato preferente que no le podía negar.
COMPLICIDAD DE CHAVES El acuerdo alcanzado contó con el apoyo del presidente de la Junta andaluza y del PSOE, Manuel Chaves. Para arrastrar a barones socialistas tan díscolos como el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aseguró que el texto será respetuoso con la Constitución y que en España seguirá habiendo un "único modelo" de financiación aprobado por todas las autonomías.
