El Gobierno está abierto a modificar las leyes para evitar abusos en el manejo del dinero público, especialmente en el ámbito municipal. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó ayer en Bruselas su preocupación por los numerosos casos de corrupción urbanística conocidos en los últimos días y mostró su voluntad de "mejorar" los mecanismos de control con la colaboración del resto de partidos políticos. Un deseo en el que coincidió con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien avanzó tres proyectos que concretarían esa iniciativa: la reforma del Código Penal, la futura ley de bases de régimen local y el nuevo sistema de financiación de los ayuntamientos.

Según fuentes de la Moncloa, uno de los objetivos es conseguir mayor transparencia en las recalificaciones y la adjudicación de los contratos públicos. También se quiere poner énfasis en la obligatoriedad de que los planes urbanísticos pasen por el control de los plenos municipales, una situación que ya se cumple en la mayoría de los consistorios de las ciudades, pero no en los pueblos.

EXTENDER EL CONOCIMIENTO Según las mismas fuentes, "al extender el conocimiento de cualquier obra", se podrá evitar que "dos o tres personas sean las únicas en tomar decisiones y en estar al tanto de lo que supone esa construcción". Si ahora afloran muchos casos de corrupción, añaden, es gracias a que el Gobierno aumentó los medios para poder investigarlos.

Con las corruptelas del Ayuntamiento de Santa Coloma, del PSC, el Ejecutivo parece mostrar el mismo ímpetu que exhibió cuando la operación Malaya, hace ya cinco años, dejó al descubierto una trama tejida gracias a recalificaciones millonarias y licencias concedidas por doquier mediante sobornos.