Después de que la ejecutiva socialista abriera el lunes una puerta a una "cierta" ampliación de la ley del aborto, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se encargó ayer de cerrarla. Zapatero anunció que no se comprometerá con ningún empeño concreto en su programa electoral, si bien abrirá una "reflexión" sobre la materia, a la que varios expertos aportarán sus ideas.

El PSOE, que concurrió a las elecciones del 2004 con un apoyo a la reforma de la ley del aborto, cerró ayer filas en torno a su líder y rechazó la moción presentada en el Congreso por IU- ICV, en la que pedía abrir un diálogo para modificar la ley, reformar el Código Penal para ir a un sistema de plazos y ofrecer esta práctica en la sanidad pública.

La propuesta fue rechazada en votación secreta por 277 diputados del PP y del PSOE. Contó con el apoyo de 21 votos --tres más de los que suman ERC, BNG, EA, CHA y Na-Bai, que la respaldaron-- y 10 abstenciones. CiU y el PNV dieron libertad de voto.

"No es el momento adecuado para que una moción nos diga lo que tenemos que hacer", dijo la portavoz del PSOE, Pilar López, quien reconoció que la regulación actual del aborto es insuficiente: "Las reformas que sean pertinentes para mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se llevarán a cabo, con el máximo consenso, tras un debate social amplio".

La oposición más rotunda vino de parte del PP. Su presidente, Mariano Rajoy, tachó de "disparatada" una posible modificación de la ley y apostilló: "Hay un consenso social en mantenerla. Lo que hay que hacer es aplicarla y cumplirla".

DOBLE MORAL IU tuvo el apoyo de ERC y de varios representantes del Grupo Mixto. Todos reclamaron un aborto libre y gratuito en la sanidad pública. Para Olalla Fernández, del BNG, persiste una "doble moral". El llamado tercer supuesto, el riesgo para la salud física y mental de la madre, permite la trampa siempre que haya un médico dispuesto a acreditarlo. Una ley de plazos --aborto libre, sin condiciones durante el plazo temporal-- impediría esas trampas.

Al margen del debate político, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo y las clínicas Dator y Mediterránea Médica anunciaron ayer un primer cierre de sus 31 centros del 7 al 13 de enero si las autoridades sanitarias, que les han encargado esta prestación básica, no garantizan la seguridad jurídica de sus empleados y no cesa el "acoso mediático".