José Luis Rodríguez Zapatero ha empezado a tomar cartas en la negociación del Estatuto catalán. Ayer envió a Barcelona a una delegación encabezada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, un constitucionalista de su confianza, para abordar los puntos calientes del texto legal, especialmente aquellos que el Ejecutivo central considera que no se ajustan a la Constitución. Fue el primer encuentro oficial del Gobierno con el tripartito, puesto que hasta ahora la mayoría de los contactos se producían en el ámbito del PSOE y el PSC.
Según fuentes conocedoras de la reunión, la voluntad catalana de blindar las competencias y de garantizar la bilateralidad fueron identificados como las cuestiones que el Gobierno considera más problemáticas desde el punto de vista de la constitucionalidad.
También se abordó el traspaso de competencias y cómo puede afectar la nueva división territorial de Cataluña al sistema de organización del modelo de Estado.
Zapatero quiere evitar verse obligado a tumbar el Estatuto en lugar de respaldarlo, como prometió. Para poder hacerlo, sólo puso dos condiciones: que esté avalado por el "máximo consenso" y que se ajuste a la Constitución.
