El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, justificó ayer por razones jurídicas y políticas el hecho de que la futura ley de memoria histórica no incluya la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo, ya que la norma quiere ser "heredera de la transición y su espíritu de la concordia".

Zapatero respondió ayer en el Congreso con estos argumentos a una pregunta que le formuló el portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, quien emplazó al jefe del Ejecutivo a modificar esta circunstancia porque opina que sin la anulación de los juicios no se otorga "ni justicia ni dignidad" a las víctimas de la dictadura.

El presidente del Gobierno advirtió de que una revisión judicial masiva supondría "una ruptura del ordenamiento", y recordó que la Constitución española "optó por el principio de salvaguarda de la seguridad jurídica". Los razonamientos motivaron las críticas de IU-ICV y de Esquerra Republicana.

RECONOCIMIENTO MORAL Zapatero afirmó que la ley de memoria histórica persigue el reconocimiento "moral, histórico y económico" de las personas que sufrieron "el olvido y la injusticia" durante la guerra civil y la dictadura, un objetivo que, agregó el presidente del Gobierno, contará con un "reconocimiento solemne en la más alta institución que representa a los ciudadanos: el Congreso de los Diputados".