Con un apoyo mínimo, José Luis Rodríguez Zapatero pudo ayer sacar adelante los presupuestos del 2009. El voto de los seis diputados del PNV y los dos escaños del BNG fueron suficientes para que el Congreso rechazara las cinco enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas, presentadas por la oposición, por 177 votos en contra frente a 170 a favor de las enmiendas y una abstención. El exiguo espaldarazo al Gobierno permite que los presupuestos sigan ahora un largo proceso de tramitación, en el que el Ejecutivo es consciente de que deberá incorporar importantes enmiendas del resto de grupos al admitir que las cuentas se elaboraron en el mes de julio y que ahora aquellas previsiones de crecimiento, de paro y de ingresos se han visto superadas por la crisis económica.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, no escondió que llega un periodo complicado en el Congreso: "Ahora tenemos un periodo complicado y difícil de enmiendas, y queda mucho recorrido y mucho trabajo por hacer", aseguró, pero reiteró que las cuentas "son las mejores posibles para hacer frente a la crisis".

SORPRESA ANUNCIADA Solbes también dejó claro que no buscó otros apoyos para los presupuestos. Por lo menos, de momento. De hecho, las posiciones ya se habían fijado con antelación. El Ejecutivo había dibujado hace meses la votación de ayer, con el objetivo, únicamente, de superar las enmiendas a la totalidad. Con los nacionalistas vascos y gallegos se han dado las circunstancias apropiadas. Y solo ha aparecido la sorpresa, aunque anunciada, de UPN, dentro del grupo parlamentario del PP. Uno de los dos diputados regionalistas navarros decidió abstenerse, como le pedía la dirección de su partido, mientras que el otro apoyó la enmienda a la totalidad del PP. Esa decisión provocó ayer mismo la ruptura de relaciones entre UPN y PP. La estrategia de los regionalistas navarros tiene, además, una consecuencia inmediata: CiU pierde, si suma sus votos con el PP y CC, su capacidad de veto a los presupuestos en el Senado, si uno solo de los tres senadores de UPN no sigue las directrices del PP.

En Galicia los socialistas gobiernan en coalición con el BNG, y en el País Vasco se aproximan las elecciones autonómicas, que serán en primavera. Eso ha facilitado las cosas. Pero el PNV ha logrado un acuerdo político de envergadura. Su portavoz de economía, Pedro Azpiazu, valoró especialmente el acuerdo que transfiere a Euskadi las competencias sobre I+D+i y partidas en infraestructuras y recursos para facilitar la jubilación de agentes de la Ertzaintza. Todo ello, más la concesión de la potestad para adjudicar una licencia de telefonía móvil, asciende a 125 millones de euros anuales. En el caso del BNG serán otros 125 millones en infraestructuras.

Tanto Azpiazu, como el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, consideraron que la situación económica exige un compromiso político para no rechazar los presupuestos. "Un voto en contra agravaría sensiblemente la crisis económica y eso no lo entenderían los ciudadanos", dijo.

Pero el Gobierno no salió especialmente satisfecho de la votación. La sensación es que ha superado un trámite obligatorio y que ahora comienza de verdad el proceso negociador, desde la convicción de que la actual situación exigiría un consenso mayor. Con la total oposición del PP, que pide otros presupuestos que se adapten a previsiones mucho más realistas, y, por tanto, más negativas sobre la posible recesión de la economía española en el 2009, el Ejecutivo sigue pensando en CiU. La cuestión es que a Solbes le gustaría que en el trámite parlamentario se introdujeran enmiendas que no forzaran un mayor gasto público, o menores ingresos del Estado, a través de rebajas fiscales, algo muy improbable.

En todo caso, los partidos catalanes se han quedado al margen de unos presupuestos que consideran fuera de la realidad y que no cumplen los compromisos del Estatuto, a la espera de que prospere la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y se posibilite un diálogo en el trámite parlamentario. CiU, además, mantiene que no hay un plan anticrisis sólido, mientras que ERC e ICV reprochan la política de cheques del Gobierno en la anterior legislatura, que no permite ahora hacer frente al gasto de políticas sociales, como la Ley de Dependencia. Pero la cuestión es que los aliados en los últimos cuatro años se muestran ahora muy distanciados del Gobierno, y muy escépticos con el propio presidente del Gobierno. En el caso de CiU, el Gobierno socialista sí espera acordar la política económica a lo largo de los próximos meses, aunque no cuente con la federación nacionalista para los presupuestos.