A19 días de la cita con las urnas, José Luis Rodríguez Zapatero recibió ayer en la Moncloa a sindicatos y patronales, a los que ofreció renovar la concertación social en la próxima legislatura y ampliarla por vez primera a terrenos ajenos al ámbito estrictamente laboral. Una de las iniciativas novedosas se refiere a la inmigración, materia en la que el PP ha tomado la delantera con su polémica propuesta de un "contrato de integración". Sin usar la retórica de los conservadores, el PSOE ha dado un giro de tuerca a su posición, al proponer que la entrada de nuevos trabajadores extranjeros se "subordine también ahora" al empleo y la reagrupación familiar de los ya residentes en España.

Después de los encuentros sucesivos de Zapatero con las centrales sindicales UGT y CCOO, y las patronales CEOE y Cepyme, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, compareció ante la prensa para avanzar detalles de las reuniones. Luego se repartió el documento que servirá de base para el pacto. El texto señala que la entrada de nuevos inmigrantes "debe enmarcarse en la atención de las necesidades del mercado laboral" y solo si no hay trabajadores "suficientes y disponibles".

INQUIETUD En el encuentro de la Moncloa, el secretario de política institucional de CCOO, Salvador Bangueses, transmitió a Zapatero y Caldera su preocupación por las consecuencias que la desaceleración económica pueda tener en los colectivos más vulnerables, como jóvenes, mujeres e inmigrantes. El presidente del Gobierno garantizó que, si se producen problemas, se responderá con más medidas de protección, y "en ningún caso con decretazos".

Además de las referencias a la inmigración, el documento base para el pacto social propone la elaboración de un Plan nacional de promoción de envejecimiento activo , con el fin de prolongar la vida laboral de los mayores. Se pretende afrontar los retos del envejecimiento de la sociedad y los efectos que el fenómeno puede tener en la financiación del sistema de seguridad social.

CAPITAL PRIVADO Tras el contacto de Zapatero y Caldera con los agentes sociales, se acordó añadir otras tres iniciativas al eventual pacto: la participación de capital privado en la gestión y desarrollo de obras de infraestructura; el establecimiento de garantías para la unidad de mercado (objetivo muy complicado en vista de las diferencias existentes entre autonomías) y la reducción de cargas administrativas para la creación de nuevas empresas. El futuro acuerdo pretende abarcar, además, materias de medio ambiente, industria, energía y políticas sociales.