José Luis Rodríguez Zapatero no quiere que los ayuntamientos gobernados por ANV puedan acceder al fondo que, el pasado viernes, aprobó el Consejo de Ministros para poner a disposición de los alcaldes españoles 8.000 millones de euros destinados a infraestructuras locales y, por tanto, a la creación de empleo. Por eso, ha encargado a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que estudie los resquicios legales que ofrezca la ejecución de la sentencia que, en octubre, dictó el Supremo para ilegalizar a esta organización, según fuentes de la Moncloa.

En principio, los consistorios dirigidos por este partido --la ilegalización no afecta, en ningún caso, a la condición de electos de sus alcaldes y concejales-- también pueden pedir esa ayuda gubernamental para tiempos de crisis. No obstante, Zapatero pretende evitar la alarma social que eso podría conllevar, especialmente después de que uno de los consistorios de ANV, el de Azpeitia, se haya negado a condenar el último atentado de ETA, el del empresario Ignacio Uria, ocurrido en el municipio.

EL PP LO APOYA. Por su parte, el PP comparte ese fin e, incluso, ha registrado una iniciativa parlamentaria con propuesta: que el dinero del fondo al que tengan derecho los ciudadanos de esos pueblos sea gestionado, en vez de por sus ayuntamientos, por la diputación foral. "ANV gobierna 43 municipios vascos y navarros. A los 18 más importantes podrían corresponderles 24 millones", avisa el partido conservador.

Pero los populares creen que ese solo es el primer paso de un camino por andar: el de la disolución de todos los consistorios regidos por ANV y, como se hizo en Marbella --en ese caso por corrupción--, la sustitución de sus gobiernos por gestoras.

El líder del PP, Mariano Rajoy, se pronunció en este sentido, a primera hora de la mañana. Exigía la aplicación de la ley de bases de régimen local, que permite desalojar ayuntamientos si dan "cobertura" al terrorismo. Considera que, el hecho de no condenar atentados (como sucedió el miércoles en Azpeitia), es una prueba irrefutable de ello.

Un par de horas después de que Rajoy se pronunciara así sus grupos parlamentarios daban a su mensaje forma de iniciativa y la registraban en las Cortes para su debate. El responsable de Interior del principal partido de la oposición, Federico Trillo, informó por teléfono al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de los detalles de su propuesta. El Gobierno se dio por enterado. Pero el tema de la disolución protagonizó también la reunión que, a las 11 de la mañana, se celebró ayer en la Cámara baja para hacer público un documento de condena al asesinato de Uria.

COMUNICADO PACTADO. A ese encuentro acudieron los portavoces de los grupos y los responsables de la CEOE y los sindicatos. El texto de rechazo al último atentado se había cocinado, la tarde anterior, entre el socialista Ramón Jáuregui y el popular José Luis Ayllón. No hubo polémicas: el PP solicitó que a la frase "los terroristas jamás conseguirán sus objetivos", incluida en el borrador elaborado por el PSOE, se añadiera que tampoco lo lograrán quienes apoyan o justifican a ETA. La propuesta se recogió inmediatamente y está en la redacción definitiva que ayer fue rubricada por todos los presentes.

No hubo ningún pero a un comunicado que rechazaba, desde "la unidad y la firmeza", la muerte de "un trabajador y un empresario". "Nada puede explicar este asesinato cruel y cobarde. Nada ni nadie puede justificarlo", decía el documento que, a la vez, daba un espaldarazo del Estado al empresariado vasco.

Lo que sí hubo fue una petición del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán: expulsar a ANV de los ayuntamientos. PP y UPD (Rosa Díez) respaldaron la propuesta. El resto de partidos se opuso --como IU-- o planteó matices: el PNV prefiere una moción de censura que la disolución. ¿La razón? Que, además de resultar menos polémico, les daría la oportunidad de recuperar el poder en pueblos como Azpeitia, donde los peneuvistas fueron los más votados. El BNG también se pronunció en esta línea. ERC, por su lado, no cree que se cumplan todos los requisitos previstos en la ley para, en este caso, proceder a la disolución. Ante ese inesperado debate, José Antonio Alonso respondió que no era momento.