Los cerca de 150 familiares de los 62 militares españoles --en su mayoría destinados en Zaragoza-- que fallecieron en mayo del 2003 en un accidente aéreo en Turquía esperan que el juicio civil que hoy se inicia en la Feria de Muestras de la capital aragonesa abra la posibilidad de "hacer por fin justicia" por lo sucedido a sus seres queridos.

La vista oral tratará el pago de 60 millones de euros en indemnizaciones que los perjudicados piden a la empresa aérea propietaria del Yakovlev 42 siniestrado, la Ukranian Mediterranean Airlines; a Chapman Freeborn, la contratista inglesa del vuelo, y a la aseguradora ucraniana Busin Joint-Stock Insurance.

"Es la primera oportunidad que tenemos de llegar al fondo del asunto, pues lo cierto es que el proceso penal está paralizado", aseguró Francisco Cardona, padre de uno de los fallecidos en el accidente y miembro de la asociación de afectados.

El interés del caso (se han acreditado 96 periodistas) se ha visto reforzado por las presuntas irregularidades descubiertas en la contratación y subcontratación de la aeronave y por la errónea identificación de la mitad de las víctimas, dos hechos de los que se culpa al exministro de Defensa Federico Trillo y a la cúpula militar bajo su mando.

SIETE CAUSAS El informe de la comisión internacional de investigación detectó hasta siete factores que influyeron en el accidente: el agotamiento de la tripulación, su falta de preparación, la inexistencia de instrumentos imprescindibles para el vuelo, deficiencias en el mantenimiento del aparato, carencias técnicas en el aeropuerto turco de Trebisonda donde se estrelló el Yak, las condiciones meteorológicas y el incumplimiento de normas de aterrizaje.