En los últimos cincos años se han expedido 1.765 certificados a extremeños que han intentado computar el tiempo que pasaron en el servicio militar obligatorio para poder jubilarse antes, de acuerdo a los datos facilitados a este diario por las subdelegaciones del Ministerio de Defensa en Cáceres y Badajoz.
Además, en este mismo periodo (de 2013 a 2017), estas subdelegaciones o los mandos de personal han expedido otros 2.039 certificados de cómputo recíproco de cotizaciones. Se trata de un documento que se otorga a personas que han sido profesionales de las Fuerzas Armadas durante un tiempo y que luego han pasado a la vida civil o a quienes excedieron el tiempo de servicio militar obligatorio. Con él pueden sumar los periodos cotizados en un primer momento a Clases Pasivas y, posteriormente, a la Seguridad Social.
Este mismo mes el Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria sea reconocido como vida laboral para cobrar la pensión. Sin embargo, desde 1994 sí que existe la posibilidad de computar el tiempo destinado a este servicio al Estado en el caso de no alcanzar el periodo mínimo de años cotizados exigido para poder acceder a la jubilación anticipada o a la parcial. Como máximo, se puede convalidar un año.
En cualquier caso, fuentes de la Subdelegación de Defensa en Badajoz explican que «un porcentaje importante» de quienes solicitan los certificados no pueden finalmente beneficiarse de ellos por no cumplir otros requisitos que exige la ley.
En este sentido, la jubilación anticipada puede producirse por dos causas. Una que se denomina no imputable al trabajador —por ejemplo, que haya sufrido un ERE en la empresa—; y otra por la voluntad de este. Entre una y otra varían las exigencias de edad mínima para poder acceder a ella (tener cumplida una edad inferior en cuatro o en dos años a la legal en cada caso, respectivamente).
Si es por causas ajenas al trabajador, pueden beneficiarse quienes cuenten al menos con 33 años cotizados; si no, hay que sumar 35. «Si tengo 61 años y no puedo jubilarme hasta los 63, bastará con esperar a que los tenga, es un requisito salvable. Pero los años cotizados no. Si yo solo he cotizado 28 años ya no podré alcanzar los 33, por lo que el certificado no me valdrá para nada», precisan desde la subdelegación de Defensa en Badajoz. «Por eso a nosotros nos gusta que [los solicitantes] vengan aquí o al menos que nos llamen por teléfono, porque así podemos preguntarles cuáles son sus circunstancias y orientarles», se agrega.
Aunque no es imprescindible, sí muy conveniente acudir con la Cartilla del Servicio Militar, conocida popularmente como ‘la blanca’, a la hora de tramitar la solicitud. «Si se ha perdido, insistimos en que se busque. Si no tienen la cartilla, nosotros ya no podemos expedir el certificado, lo tienen que hacer los mandos de personal de cada ejército. Les mandamos la solicitud y ellos tienen que dirigirse al archivo militar donde pueda estar la documentación de esa persona». De esta forma, presentando la cartilla, el certificado puede estar «en uno o dos días». Sin ella, el plazo se dispara. En la Armada, donde la proporción de quienes hicieron la mili es menor, pude transcurrir «un mes o mes y medio». Por contra, en el Ejército de Tierra, donde la cumplieron la mayor parte, puede ser de tres o cuatro meses.
PARA TRIENIOS / En estos cinco años, las dos subdelegaciones de Defensa en la región han hecho, además, 134 expediciones de un tercer tipo de certificación que está destinada en exclusiva a los empleados públicos, ya sean funcionarios o personal laboral fijo. Les sirve para justificar los servicios prestados en el Ministerio de Defensa, a efectos de trienios en otros ministerios o Administraciones Públicas.
En cuanto quienes optaron en su día por la objeción de conciencia, la emisión de los certificados sobre la prestación social sustitutoria, que también puede computar un año cotizado a efectos de jubilación anticipada, corresponde al Ministerio de Justicia, que entre 2016 y 2017 ha emitido «alrededor de 500» en el conjunto del país, según se informa desde este ministerio. En este caso, pueden obtenerse en cualquier registro de la Administración General del Estado mediante escrito de solicitud dirigido a la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, división de Derechos de Gracia.
