Favorecer la integración de las personas con discapacidad en la Administración. Este es el objetivo principal del decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, ya que a través de esta normativa se reservará el 10% de las plazas ofertadas en las convocatorias de empleo público para este colectivo. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Gil Rosiña, aseguró ayer que este decreto es «el más avanzado de España en materia de discapacidad y acceso al empleo público», ya que frente al cupo del 7% que establece la norma estatal, Extremadura lo fija en el 10% para cada convocatoria.

La portavoz explicó que este decreto, que deroga el anterior sobre esta misma materia, ha sido consensuado con los agentes sociales y obtuvo el visto bueno de la Mesa General de Negociación de la Administración de la comunidad autónoma el pasado mes de abril. Otras medidas del nuevo decreto son la posibilidad de incorporar las plazas que queden vacantes por el turno de discapacidad al turno libre, cuando «antes se perdían», excepto en el caso del porcentaje reservado a personas con discapacidad intelectual, que «se acumulan, si no se cubren, a la oferta siguiente».

En esta línea, Rosiña destacó como otra de las singularidades de la nueva normativa la reserva de plazas para promoción interna de los empleados públicos con discapacidad, ya que hasta ahora no existía, así como la inclusión de la tutoría y el apoyo en el supuesto de aspirantes con discapacidad intelectual en los procesos de acceso a la Función Pública, y la necesidad de potenciar la formación de personas que accedan por el turno de discapacidad intelectual. Rosiña aseguró que a través de estas normativas, la discapacidad se convierte, al igual que ya ocurre con la maternidad, las excedencias y situaciones asimiladas, en «una situación que prima en el acceso a la formación de los empleados públicos».

Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los municipios de la región para la redacción y tramitación de instrumentos de planeamiento general. En este sentido, Rosiña apuntó que es voluntad de la Junta apoyar todas las iniciativas que se realicen desde la Administración Local, en adecuación a la Ley, y que redunden en una «mejor proyección territorial y urbanística de la región».

ASISTENCIA PARA LAS rONDAS // Por otra parte, el Ejecutivo autonómico autorizó ayer la contratación de la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de un tramo de la Ronda Sur de Badajoz y otro de la Sur-Este de Cáceres. En concreto, aprobó la asistencia del tramo III de la Ronda Sur de Badajoz (EX-107 a recinto ferial), en dos lotes, por 850.661,46 euros, IVA incluido; y la del tramo I de la Sur-Este de Cáceres (EX-206 - N-521), en dos lotes también y por el mismo importe.