Una pena de 52 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. Esta es la condena que habrán de cumplir cada uno de los 11 menores de la localidad cacereña de Torreorgaz que a finales de octubre pasado, durante la fiesta de Los Quintos, maltrataron hasta la muerte a una burra que previamente habían sustraido de una parcela privada cercana al municipio. También habrán de pagar, de forma conjunta y solidaria, una indemnización de 375 euros a la propietaria del animal.

Así lo acordaron ayer la representante del Ministerio Fiscal y los abogados defensores de los acusados en la vista oral que se celebró en el Juzgado de Menores. Los once chicos que participaron en los execrables actos que provocaron la muerte de la burra, y que entonces contaban 17 años, por lo que eran menores a nivel penal, iban a ser juzgados por un delito de maltrato animal y una falta de hurto, pero al alcanzarse acuerdo de conformidad entre las partes respecto a las penas a imponer la vista duró apenas media hora. Ni siquiera las personas que iban a ser llamadas a declarar como testigos tuvieron que hacerlo.

En la breve vista celebrada, señalaron a este diario fuentes jurídicas presentes en la misma, todos los menores se mostraron arrepentidos por lo ocurrido y reconocieron ser culpables de los hechos de los que se les acusaba, por lo que la fiscal delegada de la jurisdicción de menores rebajó la pena que solicitaba. De las 250 horas de trabajos en beneficio de la comunidad que solicitaba inicialmente en su calificación provisional, bajó a 52 horas, una rebaja con la que todas las partes estuvieron de acuerdo, por lo que la pena a imponer a cada uno de ellos quedó fijada en la propia vista.

"Ha sido un acuerdo que satisface a todos, tanto a la acusación pública como a los familiares de los menores", reconocieron las fuentes consultadas.

Ahora habrá de ser la Junta de Extremadura la que determine qué trabajos sociales concretos habrán de realizar los 11 menores condenados. Es la Administración autonómica la legalmente competente para la ejecución de la medida, por lo que una vez conocida la pena impuesta la Junta asigna los trabajos a realizar, informa de ello al Juzgado de Menores y una vez que el juez titular, en el caso de Cáceres una juez, lo apruebe se ejecutan las penas.

SIN COMENTARIOS Fiscalía y defensas conformaron las penas a imponer, pero no ha sido por acuerdo con la propietaria del animal el fijar la indemnización establecida. Fue lo único que manifestó ayer a este diario la dueña de la burra que fue maltratada hasta la muerte, que nadie había acordado nada con ella, tras lo cual declinó hacer ninguna declaración más por sentirse muy afectada por todo lo ocurrido, aseguró.