Llevan meses, años incluso, esperando recibir bien la ayuda a la dependencia que les ha sido concedida tras ser valorados, bien a los especialistas que deben llevar a cabo su evaluación. Son 16.000 extremeños que, por uno de los motivos citados, aún no perciben la ayuda a la dependencia. Pero aún tendrán que aguantar un poco más para saber cómo cobrarán la parte retroactiva de su prestación, que el Gobierno central ha decidido aplazar, pero sin especificar cómo. Tampoco lo definió en el Consejo Territorial de Dependencia que se celebró ayer, en el que sí se acordaron una serie de cambios en la financiación que primará a las Administraciones autonómicas más ágiles en la aplicación de la ley.
Según la consejera extremeña, María Jesús Mejuto, la región recibirá con el nuevo sistema aproximadamente los mismos fondos del Estado que el año pasado (casi 43 millones de euros). Sin embargo, un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales sitúa a Extremadura entre las comunidades más penalizadas por el cambio, al afirmar que su financiación se recortará en un 0,31%, si bien está muy por debajo de Madrid (-3,38%), Galicia (-2,09%) y Canarias (-1,40%).
En todo caso, Mejuto valoró positivamente la reunión celebrada ayer, en la que se acordó el cambio en el reparto de fondos. Hasta ahora, el 80% del presupuesto se repartía en función de la población potencialmente dependiente y el resto en función de los solicitantes, mientras que ahora el 56% se distribuirá según el número de usuarios atendidos, los servicios de dependencia prestados y el cumplimientos de los acuerdos. La fecha de referencia será el próximo 1 de julio y la inversión total supera los 283 millones de euros.
RETROACTIVIDAD A PLAZOS Por otro lado, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, explicó a los consejeros autonómicos del decreto que elimina la retroactividad de las ayudas a dependientes durante los seis primeros meses de la solicitud. Según detalló Mejuto a este diario, solo se aplicará a quienes soliciten su ayuda a partir de la entrada en vigor de la norma (ratificada en el Congreso el pasado jueves) y la retroactividad comenzará a aplicarse a partir de "los seis meses y un día de presentar la petición".
Sin embargo, lo que aún está por decidir es cómo se pagarán los fondos pendientes a los solicitantes que ya han pedido la ayuda y están a la espera de ser valorados (unos 7.000 en Extremadura) o de recibir su prestación (en torno a 6.000). La consejera explicó que una comisión delegada se encargará de definir esta cuestión a partir del próximo lunes y aseguró que, entretanto, el sistema no se paraliza y el Sepad continúa resolviendo estos expedientes.
