Un porcentaje ínfimo o una situación irregular. Las lecturas son bien distintas, pero lo cierto es que 16 alumnos extremeños de tercer curso de ESO no han asistido, con el consentimiento de sus padres, a las clases de Educación para la Ciudadanía, según datos de la Consejería de Educación. Pero la Plataforma Independiente de Padres Objetores de Conciencia a Educación para la Ciudadanía de Cáceres va más allá y asegura que, solo en esta provincia (fundamentalmente, en la capital) en torno a 280 familias han solicitado la objeción a la asignatura.
Por ello, mientras que desde la Administración destacan la "mínima repercusión" de la oposición a esta materia en la región, la organización cacereña defiende que "somos más de los que dicen y no vamos a parar hasta que se reconozca nuestro derecho a educar libremente a nuestros hijos".
Lo cierto es que la objeción a una asignatura no es una alternativa prevista en la Ley Orgánica de Educación, que regula todo lo relacionado con este ámbito, incluido qué materias deben cursar los alumnos. Así lo destacan fuentes de la Consejería de Educación, encargada de llevar a la práctica en Extremadura los preceptos que marca el Gobierno central, que recuerdan que "ningún alumno puede negarse a estudiar una asignatura, ya sea Educación para la Ciudadanía, Matemáticas o Inglés". Por ello, los 16 alumnos extremeños --una cifra "mínima", destaca la Administración, si se tiene en cuenta que 12.910 han estudiado tercero de ESO este curso-- que no han asistido a las clases de Ciudadanía están suspensos.
Pero desde la Plataforma Independiente de Padres Objetores de Cáceres puntualizan que no se puede objetar a una asignatura (al igual que ocurre, por ejemplo, con el pago de los impuestos) a no ser que interfiera en los derechos fundamentales; algo en lo que, a su juicio, sí incurre Ciudadanía. "Nosotros nos referimos al derecho recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, que contempla el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación de acuerdo con sus convicciones", explica Fernando Bernáldez, presidente de la plataforma cacereña.
Según detalla, esta asociación no está en contra de ningún colegio o profesor, ni siquiera de la propia asignatura "como se imparte en otros países europeos, en los que aborda su Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y poco más", sino de los contenidos mínimos fijados por el Gobierno. "En España, la asignatura habla de positivismo jurídico, relativismo moral, biología de género o problemas políticos, por ejemplo, entrando en un ámbito de la enseñanza de nuestros hijos que, en nuestra opinión, está reservado a los padres", señala Bernáldez. El considera que esta situación se agrava "porque se está formando a chicos de 10 a 18 años, es decir, no formados intelectualmente".
PROCESO JUDICIAL El presidente de la plataforma es, a su vez, uno de los padres que a inicios de curso manifestaron a la Consejería de Educación su intención de que sus hijos fueran declarados objetores de conciencia para no asistir a las clases de Ciudadanía. Ante esta determinación, desde la administración educativa extremeña se les informó de la imposibilidad de formalizar dicha objeción, al no estar contemplada dicha posibilidad en la ley.
Como siguiente paso, estas cuatro familias cacereñas, entre ellas la de Bernáldez, presentaron recursos de alzada ante la Consejería de Educación, que este órgano no admitió y que ahora han repetido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "Y estamos dispuestos a llegar donde haga falta, porque no nos conformamos con nada más que salvaguardar nuestro derecho a educar moralmente a nuestros hijos", indica Bernáldez, que añade que estas cuatro no son las únicas familias extremeñas en esta situación, sino que unas 280 solo en la provincia de Cáceres han solicitado la objeción, así como que también ha recibido peticiones de información desde Badajoz.
