Las familias que actualmente viven de alquiler en uno de los pisos sociales de la Junta podrán adquirirlos en propiedad por un precio medio de 16.000 euros. Se estima que hay unas 17.000 familias con opción a la compra de uno de estos inmuebles, ya que se trata de una medida de carácter voluntario para los actuales inquilinos.

Esta cifra la dio a conocer ayer el consejero de Fomento, José Luis Quintana, momentos antes de que el pleno de la Asamblea, que guardó un minuto de silencio por la muerte del ex presidente autonómico Manuel Bermejo, aprobara por unanimidad la Ley de Enajenación de la Vivienda. El texto facilitará la venta de estas viviendas una vez transcurridos cinco años desde su adjudicación con más ventajas para el comprador.

MENOR TRAMITE Respecto a los aspectos novedosos de la ley, se reduce el plazo para formalizar la enajenación a un mes (antes eran tres) y ofrece la posibilidad de adquirir los trasteros y los garajes. Además la compra se podrá financiar a través de operaciones bancarias.

Respecto a los precios, estos dependerán de las rentas de alquileres pagados por parte de los inquilinos de manera que se descontarán del precio de la venta, así como los gastos de conservación del inmueble.

Por su parte, los arrendatarios deberán estar al corriente del pago de las cuotas y de la comunidad de vecinos y no tener incoado expediente de desahucio.

Las mencionadas viviendas serán calificadas definitivamente como ´de protección oficial de promoción pública´, siempre que estén dedicadas al domicilio habitual.

SE HACE JUSTICIA En su exposición, el consejero de Fomento consideró que "esta ley es más justa, más social y solidaria" con los inquilinos y añadió que "es lógico y útil poder ofertar la compra voluntaria de esta vivienda a sus legítimos adjudicatarios" para que se sientan en un un inmueble de su propiedad.

Quintana explicó que la ley servirá para adaptar la normativa autonómica de Enajenación de Viviendas en vigor a las nuevas condiciones sociales de los extremeños y a la Ley de Patrimonio de la comunidad.

AFAN RECAUDADOR En su intervención, la diputada del PP, Teresa Bravo dudó si la ley "es oportuna o es conveniente" ya que ni el Consejo Consultivo ni el Consejo Económico ha hecho informes al respecto.

No obstante, su deseo es que sea un elemento "útil y rápido para acceder a la vivienda y facilitar la financiación para la misma". Y el hecho de que suponga "una mayor recaudación que se consiga de la enajenación, este repercuta en "más viviendas sociales".

Isabel Moreno, diputada del grupo Socialista-Regionalista subrayó que la política del Gobierno autonómico es progresista, intervencionista, con un enfoque social y sin ningún interés recaudatorio.