Unos 2.500 auxiliares de ayuda a domicilio, la mitad de los que ejercen actualmente en la región, deberán acreditar su cualificación profesional para seguir trabajando. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha iniciado los trabajos para regular este servicio que prestan los ayuntamientos y también unas 200 empresas desde el ámbito privado tras experimentar «un crecimiento enorme» en los últimos años. El objetivo es contar con una norma específica que establezca los requisitos que han de reunir los usuarios, las condiciones del servicio y la cualificación de los trabajadores para homogeneizar el sector con calidad y profesionalidad.
La ayuda a domicilio es uno de los servicios más demandados por las personas dependientes y los mayores para atender las tareas de la vida diaria. Forma parte del catálogo de servicios que ofrece la Ley de Dependencia y también se contempla como una «prestación garantizada» en la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, por lo que la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales firma convenios con diversos municipios para su mantenimiento. No obstante, en los últimos años también han surgido en la región empresas que prestan este servicio desde el ámbito privado. En la actualidad son 190 las que cuentan con acreditación para ello y la Junta estima que son en torno a 5.000 los trabajadores de este sector en Extremadura, la mitad de ellos sin certificado de profesionalidad.
Pese a que la ayuda a domicilio cuenta con un alto grado de implantación en la región, aún no existe una normativa específica que aglutine criterios y marque las pautas generales a seguir, algo a lo que el Ejecutivo quiere poner remedio con un nuevo decreto que profesionalice el servicio. Los trámites para ello ya se han iniciado con la apertura de un periodo de consulta pública en la web de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, donde los sujetos interesados y organizaciones más representativas del sector pueden hacer llegar sus propuestas durante las próximas dos semanas.
La nueva norma, que tendrá rango de decreto, pretende establecer los requisistos que han de reunir los usuarios para recibir el servicio, así como sus obligaciones en pro del respeto a los trabajadores; las actuaciones a realizar, ya sean de carácter doméstico, personal, comunitario o de apoyo al cuidado no profesional, y las condiciones de la prestación del servicio. También el procedimiento y los requisitos exigibles a las entidades que ofrezcan la ayuda a domicilio, ya sean públicas o privadas. Por tanto, el objetivo es «velar por la adecuada calidad y homogeneidad de la atención a los usuarios, el uso eficiente de los recursos y la protección y cualificación de los trabajadores».
NORMATIVA ESTATAL / La obligación de que los auxiliares de ayuda a domicilio estén acreditados parte del Gobierno central, que hace ya dos años dictó como requisito obligatorio para ejercer en este campo contar con el certificado de profesionalidad en la atención sociosanitaria a personas en el domicilio. No obstante, la trasposición de esta normativa para su aplicación en las comunidades autónomas ha ido sufriendo diferentes prórrogas. La última en enero de este año, que se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2022.
Para poder seguir trabajando en el sector a partir de esa fecha, a los auxiliares que no tengan certificado de profesionalidad se les permitirá acreditar la experiencia acumulada mediante dos vías. Por una parte, habrá una habilitación excepcional para los cuidadores y asistentes que a 31 de diciembre del 2017 puedan acreditar al menos tres años de experiencia, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional. Si no alcanzan esta experiencia mínima, deberán justificar que han trabajado y que tienen un mínimo de 300 horas de formación en los últimos 12 años relacionada con la ayuda a domicilio.
Por otra parte, habrá una habilitación provisional para las personas que a 31 de diciembre de 2017 puedan acreditar que han trabajado en el sector con anterioridad, aunque sin reunir los requisitos anteriores. En este caso, han de comprometerse mediante declaración responsable a participar en procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral o a realizar la formación necesaria antes del 31 de diciembre de 2022. Las competencias en esta materia corresponden a las comunidades autónomas, por lo que los trabajadores interesados deben dirigirse a la Consejería de Sanidad y el Sepad para presentar sus solicitudes.
Por su parte, para las empresas privadas que se dediquen a este sector, una vez que se apruebe la normativa autonómica se les aplicarán también algunas obligaciones para recibir la acreditación del Sepad. Entre ellas, disponer de una sede física, garantizar un horario de atención al público y contar con un coordinador titulado universitario. Deberán elaborar además un plan de riesgos laborales y en el caso de la atención a los usuarios, realizar un plan de atención individualizada y establecer un catálogo de prestaciones.
Por lo que respecta al usuario, se aclararán las labores que deben realizar los asistentes de ayuda a domicilio, de las que quedarán excluidos sus familiares.
