Ha llovido como nunca donde casi nunca llueve. El atípico invierno que hemos vivido deja daños colaterales de muy diversa índole, uno de ellos que muchos jornaleros no hayan podido alcanzar las 35 peonadas fijadas como mínimo para cobrar el subsidio o la renta agraria. En atención a este problema, el Consejo de Ministros celebrado ayer en Sevilla aprobó reducir a 20 las jornadas cotizadas imprescindibles para solicitar las citadas prestaciones en Andalucía y Extremadura. Unos 20.000 extremeños, según estimaciones de los sindicatos, podrán beneficiarse de esta medida; la mitad de los que se esperan en la comunidad vecina.

Así lo aseguró ayer Raquel López, responsable de la Federación Agroalimentaria de UGT Extremadura que, no obstante, prefirió esperar a la próxima semana para dar un dato más exacto. Según detalló, unos 28.000 jornaleros cobran el subsidio o la renta agraria en la comunidad, aunque no todos ellos se beneficiarán directamente del recorte de peonadas aprobado ayer por el Gobierno, ya que bien pueden no pedir la ayuda (los que tengan un trabajo fijo, por ejemplo) o bien pueden no estar incluidos en los municipios incluidos en el Real Decreto que regulará esta cuestión, cuyo contenido aún no se conoce.

"Lo importante es que se resuelve un problema puntual que se había registrado este año, cuando muchos trabajadores y trabajadoras no han podido sumar las 35 peonadas mínimas para cobrar el subsidio, al reducir el temporal la actividad agraria", destaca López. En el mismo sentido se pronunció la Federación Agroalimentaria de CCOO, que ayer emitió un comunicado valorando positivamente la medida aprobada por el Gobierno que, según resaltó, "acaba con la incertidumbre y el desasosiego existente entre los trabajadores".

Dicha iniciativa forma parte de un decreto que complementa a la ley de 10 de marzo del 2010, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias comunidades. En este sentido, los sindicatos solicitan que se pongan en marcha medidas para hacer frente a la pérdida de empleo agrario en las comunidades autónomas que no cuentan con las prestaciones disponibles en Extremadura y Andalucía.