La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), que agrupa a una veintena de asociaciones, ha presentado un informe que recoge 793 denuncias por presuntos casos de tortura en el 2004, de las que cuatro fueron presentadas en Extremadura.
La región en la que más de estas denuncias se han producido ha sido Andalucía, con 237, seguida de Cataluña, con 113, y del País Vasco, con cien. En Navarra se registraron 95 y en Madrid, 87.
Por contra, en La Rioja no hubo ninguna denuncia por este motivo, en Castilla-La Mancha sólo una y tres en Cantabria. En cuanto al origen de las denuncias --que fueron presentadas por 755 personas--, 231 proceden de movimientos sindicales, 137 de movimientos sociales, 127 de presos y 47 de inmigrantes.
La CPT señala en este informe que para poner fin a este tipo de situaciones debe considerarse el Protocolo Facultativo de la ONU como un "mecanismo imprescindible" que el Estado español debe aplicar para erradicar las torturas. "Lo más importante --explica esta coordinadora en un comunicado-- es que permite visitas privadas, sin restricciones y sin previo aviso, a las personas detenidas".
Forman parte de la CPT, entre otras asociaciones, la Asociación contra la Tortura, la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Centro de Asesoría y Estudios Sociales.
