Extremadura ha registrado cinco casos graves de envenenamiento de fauna silvestre durante el período 2010-2015, que afectaron a 25 ejemplares de alimoche, buitre negro, buitre leonado, águila imperial y lince, entre otros, según un informe nacional elaborado por Ecologistas en Acción.
En concreto, este informe menciona un caso ocurrido en Siruela (Badajoz) en marzo de 2010 donde resultaron afectados tres alimoches, cinco buitres negros, cuatro buitres leonados y dos busardos ratoneros; y que se detectó porque uno de los alimoches era objeto de radioseguimiento.
El veneno, carbofurano, se distribuyó en trozos de cordero y placentas, y el ganadero acusado del envenenamiento ha sido condenado a "una multa de 30.000 euros, 18 meses de prisión y tres años de inhabilitación profesional".
Otro caso ocurrió en Serradilla (Cáceres), en noviembre de 2011, cuando cuatro buitres leonados fueron envenenados con dimetoato y fentión, igualmente una problemática asociada a la ganadería.
En el informe se incluye también un caso ocurrido en octubre de 2013 en Alburquerque (Badajoz), en el que fueron envenenados con carbofurano dos buitres negros y dos buitres leonados.
Además, un lince ibérico fue envenenado en Valencia de Las Torres (Badajoz) en agosto de 2014, en un caso que Ecologistas en Acción relaciona con la caza ya que el cebo se colocó en restos de conejo.
El lince envenenado era el ejemplar K2 liberado en el valle del río Matachel, dentro del programa Life-Iberlince.
El quinto caso grave tuvo lugar en agosto de 2015 en Alburquerque, cuando dos águilas imperiales fueron envenenadas con carbofurano. Hay dos imputados relacionados con un coto cercano.
Para Ecologistas en Acción, su informe pone de manifiesto que el uso de veneno en España "sigue estando muy extendido" y que el envenenamiento de fauna protegida "sigue siendo una amenaza de primera magnitud para la biodiversidad".
Frente a esto, ha mencionado, las administraciones "no están siendo eficaces para atajar un problema que está poniendo en jaque a muchas especies".
El número de casos graves registrados se mantiene en una ratio similar a la del informe precedente, hecho para el periodo 2006-2009.
En los 54 casos graves de envenenamiento de fauna en España estudiados en el informe "se ha confirmado la muerte de más de 900 ejemplares de diferentes especies, muchas de las cuales se encuentran protegidas por la legislación".
Entre las especies en peligro más afectadas por el veneno ha destacado el milano real y el lobo ibérico, aunque siguen siendo numerosos los casos que afectan al águila imperial, el buitre negro y el buitre leonado, y especialmente dañinos los que afectan a especies tan escasas como el quebrantahuesos, el alimoche, la águila perdicera y el lince ibérico.
A pesar de su ilegalidad, ha explicado, el veneno se sigue empleando extensamente para matar animales predadores con fines cinéticos (en un 48,1 % de los casos) y ganaderos (en un 31,5 % de los casos).
"También, bajo un discutido amparo legal, se usa para tratar presuntas plagas agrícolas como la de topillo campesino en Castilla y León", ha añadido.
La organización ha detallado que al comparar los resultados obtenidos en los dos informes, varias comunidades siguen acumulando buena parte de los casos, como Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que en Andalucía, Canarias o Aragón se han registrado menos casos graves.
Los agentes tóxicos más habituales siguen siendo fitosanitarios como el aldicarb (en un 18,5 % de los casos en el presente informe, mientras que en el de 2006-2009 alcanzó el 19,5 %) y carbofurano (18,5 % en 2010-2015 frente al 17 % en 2006-2009).
Por su parte, ha descendido el empleo de cócteles de varias sustancias (en los que habitualmente figuran las mencionadas con anterioridad), pasando del 19,5 % en 2006-2009 al 7,4 % en el último informe.
Desde el punto de vista numérico, los casos más graves se han detectado en Navarra y en Castilla-La Mancha, sin olvidar la mortalidad asociada "al uso a gran escala de bromadiolona en Castilla y León, con numerosos episodios de envenenamiento de diferentes especies que aparecen frecuentemente como casos dispersos en las estadísticas".
Ecologistas en Acción ha destacado el esfuerzo acometido por administraciones como la andaluza y los pasos dados en materia de imposición de sanciones, cierre de cotos y aprobación de planes autonómicos contra el veneno en algunas otras.
Sin embargo, cree que el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas frente al problema del veneno "sigue siendo excesivamente tibio y resulta manifiestamente mejorable", al tiempo que ha pedido incrementar los medios de vigilancia y sanción del uso del veneno.
En su opinión, hacen falta "más agentes medioambientales y unas fiscalías implicadas", así como que todo caso de veneno, además de la correspondiente sanción penal o administrativa, conlleve "la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada hasta que se recupere el daño causado a las especies".
