Las oficinas extremeñas de atención a personas en riesgo de ejecución hipotecaria han atendido a unas 250 familias desde el pasado diciembre, fecha en la que se firmó un convenio entre la Junta y las diputaciones y los colegios de abogados provinciales. Se han realizado más de 480 actuaciones, que han desembocado en un gran número en alquileres asequibles o en reestructuraciones de deudas, soluciones para que las familias «puedan vivir donde tienen que vivir».
