Un total de 290 ayuntamientos extremeños están gestionando las ayudas para el suministro de mínimos vitales convocadas en 2015. Las subvenciones puestas en marcha por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales recibieron un total de 310 solicitudes de consistorios, lo que supone que más de 70 ayuntamientos han renunciado a disponer de este recurso para ayudar a los vecinos más necesitados.

Entre los solicitantes, finalmente se han descartado a 20 ayuntamientos porque sus solicitudes se presentaron fuera del plazo estipulado o porque no entregaron la documentación requerida. En total, la consejería ha destinado más de 3,9 millones de euros a estos 290 municipios, aunque disponía de un total de cinco millones para dar cobertura a todos los consistorios.

El importe recibido por cada localidad fue publicado la semana en el Diario Oficial de Extremadura, aunque los ayuntamientos ya han lanzado sus propias convocatorias para conceder las ayudas otorgadas por el Ejecutivo regional. Consistorios como el de Mérida han recibidio cerca de 120 solicitudes. Una vez que cada ayuntamiento haya gastado todo el dinero de la subveción otorgada, debe mandar un certificado a la administración regional indicando los datos de cada uno de los beneficiarios, la fecha de concesión de la subvención y su importe. Hasta entonces, la consejería no podrá conocer a cuántos extremeños han llegado estas ayudas para el pago de recibos básicos como el agua y la luz.

LA NUEVA CONVOCATORIA / Mientras comienzan a llegar a los ciudadanos esas primeras ayudas, la Administración regional sigue trabajando en la elaboración de un convenio con las compañías distribuidoras de agua y luz, como se recoge en la Ley de Medidas contra la Exclusión Social aprobada el pasado julio por la Asamblea regional. En esta nueva norma se regula la línea de ayudas a las contingencias y el acceso a los mínimos vitales, que una vez en vigor la norma, ya no se gestionará en la forma actual mediante subvenciones a los ayuntamientos que reparten las ayudas, sino que la Administración firmará convenios con las compañías distribuidoras para mejorar la comunicación previa a los cortes, por impagos, de los suministros eléctrico o de agua y poder evitarlos mediante la negociación directa con las empresas suministradoras. La norma aprobada considera también el gas, junto al agua y la luz, como un mínimo vital y señala que se destinarán en total 12 millones en dos ejercicios presupuestarios.