La primera acción del Plan Regional de Vivienda en Badajoz, con la promoción de 2.750 casas baratas, ha abierto una nueva brecha entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de la ciudad, a tenor de las manifestaciones de la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera.

La edil consideró el proyecto presentado ayer por la consejera de Fomento, Leonor Martínez-Pereda, como "unas nuevas Cuestas de Orinaza", mientras desde el Gobierno autonómico se acusa a Herrera de "desconocer la política de vivienda" e intentar confundir a la gente.

La promoción contará con 1.842 viviendas del Plan 60.000 euros, precio con garaje e IVA para pisos de 80 a 90 metros cuadrados útiles. Además están previstas 908 unifamiliares de 110 a 120 metros --a 100.000 euros--. El proyecto se encuentra en proceso de recalificación de suelo por la fórmula de PIR (Proyecto de Interés Regional), en la que pone el terreno el promotor colaborador. En este caso es Joca Inmo, que cuenta con 55 hectáreas en Cerro Gordo, a 9 kilómetros por la antigua N-V y junto al campo de golf. Este procedimiento no requiere la aprobación del ayuntamiento, que sí podrá hacer alegaciones. La consejera visitó la finca ayer con el presidente de Joca Inmo, Cayetano López. Ambos mostraron un croquis de la urbanización.

Las casas de 60.000 euros están destinadas a personas con ingresos de 3,5 veces el salario mínimo, y las viviendas medias de 6,5 veces, que son las que más difícil tiene el acceso a una vivienda de renta libre. Los adjudicatarios se beneficiarán de financiación cualificada estatal o autonómica, entradas cómodas y subvenciones para gastos de registro y notarios.

Martínez Pereda recordó que con este plan se cumple la promesa electoral "del presidente de la Junta de ofrecer una vivienda digna para todos, allá donde más haya subido". Algo que "no se hace en ninguna otra comunidad", y que diferencia de la oferta de algunos ayuntamientos, que "son de hace 3 o 4 años".

PROCESO La Junta aprobará el PIR de Badajoz antes de fin de año, para iniciar las obras a principios del 2005 o en primavera. En este caso se utiliza la figura del promotor colaborador privado porque el ayuntamiento no ha cedido suelo, como no lo ha hecho ningún otro del PP.

Preguntada por otras dos promociones de VPO que esperan el informe de la Comisión Regional de Urbanismo, Martínez-Pereda señaló que "saldrán adelante, pero se está ultimando el porcentaje de viviendas a 60.000 euros en esos suelos, porque tendrán que hacer un porcentaje si quieren que la Junta apruebe definitivamente el expediente".

Por otro lado, la edil de Urbanismo pacense, Cristina Herrera, manifestó con respecto a la promoción de 3.000 viviendas de protección oficial, junto a Golf Guadiana, por la Junta y Joca Inmo, que levantar tal número de viviendas en ese terreno, sin contar con infraestructuras --como colectores, o una subestación eléctrica--, es "crear otras Cuestas de Orinaza" en la ciudad.

Herrera señaló que "estamos encantados de que se hagan viviendas a esos precios", pero recordó que la Junta tiene parados los proyectos de la Pilara e Ifeba, "con todos los vistos buenos técnicos. No sabemos si es que quiere beneficiar a determinadas empresas", dijo.

La concejala criticó que la anterior consejera de Fomento, hoy ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, defendiese la necesidad de hacer ciudades "compactas" en la última campaña electoral, y ahora sean "los primeros que están descentralizándolas". Además añadió que el proyecto presentado en Badajoz contribuye "concretamente, a desintegrarlas".

Cristina Herrera precisó que esta era su opinión "a priori", pues está a la espera de conocer los informes redactados por los técnicos municipales sobre esta actuación, para pronunciarse de forma más concreta, informa Belén Castaño.

Por otro lado, la Junta respondió que estas manifestaciones "demuestran un desconocimiento absoluto de la política de vivienda de la Junta, o hay que atribuirlas a la mala fe". Añade que "parece que quiere confundir a la opinión pública en cuanto a la diferencia entre viviendas sociales y de protección oficial". Además, señaló que ese "temor está sólo en la mente de la concejala" y que el ayuntamiento pretende introducir en el plan urbano la Dehesilla de Calamón, que carece de servicios, además de calificar de "una vergüenza que frente a las 3.000 viviendas de protección de Cáceres, en Badajoz se hayan hecho 300".