La consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura ha recibido 361 solicitudes de ayuntamientos y 20 de entidades locales menores para acogerse a las subvenciones destinadas a garantizar unos mínimos vitales de agua y luz a las familias que no pueden pagar o que tienen ya una deuda contraída con las compañías y aviso de corte de suministro. De ellas, ya hay 223 solicitudes que se encuentran en fase de fiscalización y 73 están en proceso de subsanación de documentación. Asimismo, de las 22 entidades locales menores de la región, 20 han solicitado este tipo de ayudas y han sido admitidas a trámite, según los datos facilitados ayer por el departamento que dirige José María Vergeles. El plazo para pedir las subvenciones finalizó el 18 de noviembre.

CINCO MILLONES La Junta aprobó un total de cinco millones de euros para estas ayudas en dos anualidades. El plazo para las solicitudes concluyó el pasado 18 de noviembre y con los datos que ya han sido fiscalizados, el Gobierno regional abonará para ayudas del año 2015 un total de 349.821,56 euros y para 2016 un importe de 2,4 millones de euros. Este dinero lo recibirán los ayuntamientos solicitantes para concedérselo a las familias que hayan pedido la ayuda en los Servicios Sociales.

El decreto de la Junta para estas subvenciones establece un importe que va desde los 5.000 euros para los municipios de menos de mil habitantes hasta los 250.000 euros para los de más de 90.000 habitantes. La medida, una de las promesas electorales de Guillermo Fernández Vara, se incluirá en el decreto con medidas extraordinarias contra la exclusión social que la Junta tiene previsto aprobar en las próximas semanas. Según ha avanzado el consejero de Sanidad, la intención del Ejecutivo de cara al próximo año es abordar estas ayudas mediante convenios con las distribuidoras de agua y luz. El objetivo es que la persona no tenga que recibir el dinero, sino un descuento a través de un bono social.