La participación de los ciudadanos en la política regional sigue siendo una asignatura pendiente. Más allá de acudir a las urnas cada cuatro años, presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) no es tarea fácil en Extremadura. Para que una propuesta ciudadana pueda llegar a abordarse en la Asamblea extremeña requiere el respaldo obligatorio de al menos 45.000 personas. Así quedó establecido en la última reforma del Estatuto de Autonomía llevada a cabo en el 2011 y que mejoró ligeramente la cifra fijada en la ley de regional de 1985 que regula las ILP, donde se establecía que se debía reunir al menos un 5% del censo para las elecciones a la Asamblea, esto suponen 45.571 firmas según el último censo electoral de 2015.
Resulta curioso porque esas 45.000 firmas exigidas en la actualidad son casi las mismas que se necesitan en Madrid o Cataluña, donde el censo electoral es cinco o seis veces superior que en Extremadura. En comunidades como Asturias, con una población similar a la extremeña, una iniciativa legislativa popular precisa 10.000 firmas. Y ese es el volumen que debería exigirse en Extremadura (en torno al 1% del censo, como sucede a nivel nacional) y que llevan tiempo solicitando distintos colectivos sociales y también partidos políticos.
«POCA DEMOCRACIA» / «Es una auténtica vergüenza lo que pasa en esta región. Este asunto demuestra que tenemos una democracia de escaparate y unas instituciones de chichinabo», lamenta Manuel Cañada, miembro de la Plataforma Extremeña contra la Exclusión Social, promotora de una de las tres únicas ILP que se han registrado en la región en más de 30 años. «No es normal que se pidan las mismas firmas que en Madrid o Cataluña, es un sinsentido».
Y así lo hizo constar este colectivo, formado por varias asociaciones vecinales y asambleas de desempleados, en el 2012 cuando de nada le sirvió reunir casi 27.000 apoyos para pedir una renta básica en Extremadura. Su iniciativa llegó a registrarse en la Cámara autonómica pero no prosperó por la falta de rúbricas. Aún así, la plataforma entregó un escrito manifestando que con las casi 27.000 firmas recogidas -alrededor del 3% del censo electoral- su ILP tendría garantizada la tramitación en cualquier otra comunidad autónoma «sin excepción alguna». Entonces, la Mesa de la Asamblea que rechazó aquella propuesta ciudadana asumió que se trataba de un número «excesivamente elevado» e instó a los grupos parlamentarios a promover una reforma del Estatuto de Autonomía que regula esta materia.
Sin embargo, poco se ha avanzado en este asunto. El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara se comprometió en su agenda del cambio a promover dicha reforma de la norma institucional básica de la comunidad para mejorar la democracia y la participación ciudadana. Entre otras medidas, proponía rebajar al 1% del censo de electores la exigencia para presentar una iniciativa legislativa popular. No obstante, una reforma de este tipo necesita lograr el apoyo de dos tercios de la Cámara y de momento, más allá de crear una comisión en la Asamblea encargada de su estudio, nada se ha movido.
«Es un número de firmas desproporcionado y se debería modificar para reducirlo a una cifra mucho más razonable que estaría en torno al 1% de la población (unas 11.000 firmas) que es el porcentaje que la Constitución española prevé en su regulación nacional», señalan desde el sindicato PIDE. Este colectivo registró el año pasado una propuesta de impulso para pedir a todos los grupos parlamentarios modificar la exigencia actual.
SOLO UNA ILP a PLENO EN 30 AÑOS / «45.000 firmas es una cifra muy elevada si tenemos en cuenta la población que vota; exigir un 5% del censo es bastante, sobre todo respecto a la regulación de otras comunidades con más población, pero aparte de si es una exigencia injusta o no, también es cierto que Extremadura es una región muy pasiva y poco reivindicativa. A los extremeños nos cuesta mucho movernos y eso no ocurre en otras comunidades», expone Lorena Chano, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura (UEx).
Todo esto explica que en más de 30 años de autonomía, desde que se creara la ley que rige las ILP en 1985 solo se han registrado tres iniciativas legislativas populares y solo una de ellas ha contado con el respaldo de firmas suficiente para poder llegar a debatirse en la Asamblea. Fue una propuesta impulsada por Red Madre para solicitar la creación de una red de apoyo para la mujer embarazada. Consiguió reunir más de 67.000 rúbricas pero se topó con la oposición de parte de la Cámara y aquella iniciativa popular fue rechazada.
OTRAS TRABAS / A las firmas se suman también otras trabas. Según la ley de 1985, las iniciativas legislativas populares no pueden versar sobre materia presupuestaria o tributaria, sobre la ordenación de las instituciones de crédito ni pueden afectar a la planificación económica general ni a los municipios en concreto (artículo 54). «Antes de ponerse a recoger firmas, el promotor tiene que saber que está pidiendo algo que se va a poder tramitar, porque no se puede presentar una ILP sobre cualquier cosa, esa es la primera limitación. Luego, conseguidos los apoyos y admitida en la Asamblea, la iniciativa popular sigue el mismo procedimiento que cualquier otra ley. La ILP es solo el primer escalón, la decisión final es de la Asamblea», explica Chano.
La profesora de la UEx considera que debería fomentarse más la participación ciudadana en política. «La Constitución prevé que los poderes públicos deben promover esas condiciones para que los ciudadanos podamos participar en la vida política, económica y social; además de las ILP hay también previstas fórmulas de referédum y consultas populares que se podrían hacer, pero estas no están en nuestra mano, tienen que ser accionadas por el Gobierno».
