A 45.768 extremeños poner al día su cartilla de ahorro o sacar dinero de un banco les obliga a desplazarse fuera de la localidad en la que viven. Esa es la cifra de habitantes que, en conjunto, residen en los 124 municipios de la comunidad autónoma en los que no hay ninguna oficina bancaria funcionando, según un análisis del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El informe, realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE y catedrático de la Universitat de València, está realizado con datos del 2016 (los últimos disponibles), por lo que las personas en situación de exclusión financiera en Extremadura posiblemente sean ya más, pues en los dos últimos años el goteo de cierre de locales no ha parado.

Porcentualmente, los municipios sin ningún banco suponen ya casi un tercio (32%) de todos los que hay en la región, mientras que, en términos de población, representan un 4,2% de los habitantes de la comunidad autónoma. Desde el 2008, la primera variable se ha disparado un 44,2%; la segunda, un 64,3%.

El proceso de cierre de oficinas bancarias se ha cebado fundamentalmente con el ámbito rural, afectando sobre todo a las personas de más edad, para las que el acceso a las nuevas tecnologías o la movilidad resultan más complicados. Por provincias, el problema es especialmente significativo en la de Cáceres, donde en un 43,2% de las localidades ya no presta presencialmente servicio ninguna sucursal de entidades de depósito, rozando el 8% de toda la población. En la de Badajoz, en cambio, los porcentajes son bastante mejores, del 17% y del 2%, respectivamente.

Además, en la región hay otras 118 poblaciones en las que hay una única oficina abierta. En este sentido, los bancos que han surgido de las antiguas cajas de ahorros son los que más población ‘rescatan’ de la exclusión financiera, ya que ofrecen sus servicios en el 72% de estos municipios, con 85 sucursales. En otros 18 se trata de oficinas de bancos y en los cinco restantes de cooperativas de crédito.

A nivel nacional, la población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio ha aumentado un 34% desde el 2008 y ya afecta a 1,25 millones de personas en 4.114 poblaciones.