Cerca de 6.700 extremeños ya pueden comenzar a tramitar las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Concretamente se trata de aquellas personas que se encuentran en una situación de discapacidad más grave, que son a las que ampara la normativa en este primer año de funcionamiento. Su cobertura se irá ampliando hasta que en el año 2015 se terminen de desarrollar todos los reglamentos y cláusulas del nuevo texto legal.
Desde el lunes pueden acogerse al sistema de ayudas los ancianos con mayores necesidades --como aquellos que no pueden comer, ir a la compra, al cuarto de baño, cocinar o acostarse por sí solos--, así como cualquier personas que tenga una discapacidad física, intelectual, sensorial o enfermedad mental con un grado de afectación diagnosticado superior al 75%.
Actualmente muchos de estos discapacitados dependen de sus familias o se encuentran en residencias privadas. Con la nueva normativa pueden continuar en la misma situación, pero tanto ellos como sus cuidadores dispondrán de más recursos. En este sentido, se va a analizar cada caso teniendo en cuenta los ingresos y el patrimonio de la persona dependiente --hasta ahora se tomaban como referencia los de la familia--. Así, en función de los resultados se establecerá una compensación económica para acceder a servicios como plazas residenciales o centros de día. Pero además se destinarán fondos a la atención domiciliaria o la asistencia profesional, e incluso se asignará un salario a cuidadores familiares.
Con la Ley de Dependencia muchas personas que ocupan buena parte del día a la atención a familiares dependientes van a ver reconocida su labor a nivel laboral, económico y social. De hecho, percibirán un sueldo mensual de 487 euros mensuales y estarán amparados por la Seguridad Social.
Serán 10.000 familias de la región las que podrán beneficiarse de la ley en este primer año, aunque las estimaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) son más de 30.000 las personas que cuidan de personas dependientes y 50.0000 los extremeños con discapacidad física --hay que sumar los discapacitados intelectuales--.
LA TRAMITACION El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha habilitado un teléfono de información (900 406 080) y las solicitudes se pueden presentar ante los servicios sociales de base de la comunidad autónoma. El formulario puede conseguirse a través de internet, en áreas de salud, centros sociales y asociaciones de discapacitados.
Una vez realizada la petición y antes de tres meses desde la presentación de ésta, un equipo de los servicios sociales visitará al solicitante en su domicilio o residencia para comprobar el grado de dependencia. Asímismo, se podrán solicitar informes médicos y fiscales para corroborar el nivel de dependencia.
Si la valoración es positiva, el beneficiario deberá ponerse en contacto con los servicios sociales municipales para elaborar un programa individual de atención, ya sean servicios (como ayuda a domicilio, teleasistencia) o una prestación económica.
La asignación total del Estado para aplicar la ley hasta el 2015 es de 13.000 millones de euros y las comunidades autónomas aportarán una cantidad similar. Esto supone que la atención a la dependencia en España pasará del 0,3% al 1% del PIB, aunque seguirá aún por debajo de la media europea. No obstante, el Gobierno ha destinado una partida adicional de 6,6 millones de euros a Extremadura para la financiación de esta ley. Para ello se ha tenido en cuenta la estimación de personas dependientes existentes, la dispersión de la población, el nivel de renta, la superficie y los emigrantes retornados de la región.
