Muy optimistas o muy poco previsores, así es como se muestran los extremeños cuando se les pregunta por si disponen de un plan de ahorro privado para la jubilación, según el estudio realizado por la aseguradora Caser. Así, tres de cada cinco reconocen que no están haciendo un fondo para cuando finalice su vida laboral, y más del 74% de ellos --el doble que la media española-- dicen además que tampoco tienen pensado ahorrar en el futuro.

En cuanto a las razones para no ir haciendo la hucha , la mayor parte de las respuestas se decantan por tres opciones: imposibilidad para ahorrar (motivada sobre todo por estar pagando hipotecas y créditos varios de consumo), ser demasiado joven para planteárselo o, simplemente, no considerarlo necesario. También hay una minoría (3,9%) de pesimistas que no hacen planes para el retiro porque creen que no llegarán a viejos.

El estudio también revela un gran desconocimiento sobre la cuantía de la pensión pública que correspondería, y, sobre todo, una contradicción: no se ahorra en los planes, pese a que una mayoría, casi el 75% cree que el sistema público de pensiones o se irá a pique o reducirá sus prestaciones, diez puntos por encima de la media nacional.

Ante este panorama, los extremeños creen que se optará por incrementar las aportaciones de trabajadores y empresas y reducir los gastos burocráticos.

En el caso de que ni así se consiga equilibrar el sistema público, y haya que ir a recortes de prestaciones, los extremeños, según el estudio, dejan traslucir su vena solidaria : debería optarse por reducir las pensiones de los más ricos o simplemente no pagarles y, como complemento si fuese necesario, reducir en mayor proporción las pensiones de las clases medias. Sólo un 6% optaría por la eliminación de las pensiones no contributivas.

En el panorama nacional, casi la mitad de los encuestados se decanta precisamente por esta última opción: quitar del sistema a quienes no hayan cotizado.

Por último, la práctica totalidad de los extremeños considera que es muy relevante que los sistemas privados de complemento de las pensiones tengan beneficios fiscales.