Ocho años y tres meses de prisión para los exdirectivos socialistas José Luis Viñuela, Juan Cerrato y José Villa por su gestión al frente de la Institución Ferial de Extremadura (Feval). La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, dictó ayer la sentencia del caso de corrupción más sonado en Extremadura, cuyo juicio se celebró a finales del pasado mayo. En el fallo, que se puede recurrir, el juez condena a los tres a cinco años, tres meses y un día de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, y a otros tres por un delito de falsedad en documento público.
Asimismo, Viñuela y Villa son condenados, como autores de un delito continuado de prevaricación, a 10 años de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público. La inhabilitación especial también recae sobre Villa, en este caso por siete años, por un delito de prevaricación. Y como responsables civiles, los tres deberán indemnizar solidariamente a Feval con 201.644 euros, la cantidad que desapareció de las arcas bajo su gestión entre los años 2005 y 2009.
Doble contabilidad, fraccionamiento de contratos para su adjudicación a dedo o el uso de los trabajadores de Feval en beneficio propio eran las acusaciones que pesaban sobre Viñuela, Villa y Cerrato, unas acusaciones que la sentencia corrobora y que además, entiende que se llevaron a cabo mediante la creación de «una trama tejida por los tres».
DESVÍOS DE DINERO / El magistrado considera probado que los tres exdirectivos llevaban años cometiendo irregularidades al frente de la institución ferial. Entre ellas una doble contabilidad que llegó a arrojar un desfase superior a los 200.000 euros entre los años 2005 y 2009. Así, según se describe, en la hoja Excel en la que se anotaban las operaciones de caja, bajo la denominación «A caja Juan», se apuntaban las cantidades en efectivo que se entregaban de forma directa a Juan Cerrato, el administrador, y que este trasladaba a su vez a la caja de caudales que tenía en su despacho sin firmar ningún justificante.
Una operativa que era dirigida por Cerrato «amparándose en la relación de superioridad jerárquica con respecto a los empleados», pero conocida y consentida por Viñuela, «quien rubricaba la manipulación haciendo propia la contabilidad oficial alterada para presentarla a la Junta Rectora». Los acusados, asegura el juez, «se cuidaban mucho de dar apariencia de regularidad y verosimilitud a las cuentas fraudulentas que presentaban», y aunque reconoce que tanto la Junta como el Consejo Rector de Feval «podían haberlo hecho mejor» en lo relativo al control del dinero público, la «dejadez de funciones» por parte de Feval no diluyen ni atenúan la responsabilidad de los acusados.
En cuanto al uso de los trabajadores, queda también acreditado que Viñuela disfrutó de asistente y chófer personal a pesar de que no estaba establecido así en la relación de puestos de trabajo de la institución, trabajo que ocupó un peón de mantenimiento de Feval que dejó de hacer sus labores para tal fin, algo que sin embargo no se considera hecho punible porque de igual manera, el trabajador realizó estas labores para Feval al ser Viñuela su director general. También se acredita que Viñuela y Villa, con el conocimiento de Cerrato, dieron órdenes para que pintores y jardineros de Feval fueran a trabajar a su casa del embalse de Orellana en horario laboral, sin recibir por ello otra contraprestación que su nómina de la institución.
Por otra parte, se hace constar como los técnicos del departamento técnico e informático recibieron órdenes para fraccionar el contrato de la puesta en marcha del centro de emprendimiento TIC de Feval, dotado con 1.373.440 € y cofinanciado en un 75% por fondos Feder.
La fase I de las actuaciones se dividió en tres expedientes de contratación (con importes de 49.500, 42.000 y 36.1000 €) que resultaron ser «una falacia», pues en su desarrollo se falsificaron ofertas de otras empresas para su adjudicación a la empresa Everis. Los servicios de asesoramiento para este centro TIC; la limpieza con Clece (se le abonaron 605.509 €) o el montaje de ferias con Gamma XXI (1,3 millones de euros en total) son otros de los servicios cuyos contratos incurrieron en irregularidades.
Viñuela, Villa y Cerrato han sido absueltos no obstante de los delitos de fraude y organización criminal que pedía la acusación popular, ejercida por el PP. Y el magristrado tampoco ha considerado delito de malversación la adquisición de obras de arte y la construcción de una pista deportiva, un jacuzzi y una piscina en las instalaciones de Feval, pues se esté de acuerdo o no con el fin que se dio al dinero público, tanto los cuadros como las instalaciones no fueron para uso y disfrute personal de los acusados.
