80.000 extremeños podrían quedarse el próximo lunes, día 9, sin telefonía móvil si antes de ese día no se identifican como usuarios de aparatos con tarjeta de prepago, con lo que "se les cortaría la línea y perderían el número y absolutamente todo".

Así lo ha explicado en Mérida el director de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), Javier Rubio, que ha presentado el último número de la revista de la organización, "Consumidorex", en la que se analizan diversas cuestiones relacionadas con el consumo en la Comunidad Autónoma.

Según Rubio, en esa situación se encuentran unos 50.000 badajocenses y unos 30.000 cacereños.

"El lunes es el último día para que la gente que tenga tarjeta prepago de telefonía puede entregar su DNI, su pasaporte o su tarjeta de residente. A partir de entonces, según la normativa de protección de datos en la comunicación, ese usuario no tiene ese número y tiene la línea cortada", ha dicho.

Por otro lado, se ha referido al hecho de que la transposición de la directiva europea de medios de pago en España haya abierto la posibilidad de que los comercios puedan aplicar un coste adicional a los clientes que les paguen con tarjetas.

A su juicio, esto es rechazable porque los comerciantes podrían "pasar a los usuarios" el 50 por ciento de las comisiones que pagan a las entidades bancarias por este concepto en función de un contrato mercantil.

Además, ha respondido al secretario general de la Confederación Española de Comercio, Miguel Ángel Fraile, que recientemente consideró que no se trasladará al consumidor el recargo de las comisiones que las entidades aplican a los comerciantes cuando sus clientes les pagan con tarjetas porque "en ningún momento" se diferenciará respecto a cuando reciben dinero en efectivo.

Según Rubio, Fraile ha afirmado que la normativa permitirá al comercio contar con "una nueva arma" para negociar con la banca, lo que "es tremendo".

"Una vez más somos el eslabón más débil de la cadena y nos utilizan", ha añadido.

Por otra parte, acerca de la liberalización del sector eléctrico, ha afirmado que, meses después de producirse, ha sido inútil porque únicamente dos de las 31 compañías eléctricas que operan en el país hacer ofertas y "hay un empate a todo" entre esas empresas, lo que perjudica a los usuarios.