Con el precio de la luz en su máximo anual, más de 80.000 familias extremeñas podrán acogerse al nuevo bono social eléctrico, que a partir de ahora se medirá en función de la renta e incluye límites al consumo energético anual. La medida, que entró en vigor hace un mes, establece descuentos del 25% y el 40% en la factura de la luz en función de los ingresos de la familia, rebajas que pueden llegar incluso al 50% para los usuarios considerados «muy vulnerables». Así, para un hogar medio de cuatro miembros con ingresos inferiores a 1.565 euros al mes y un consumo de 100 kilovatios/hora (kwh), el descuento a aplicar sobre una factura de 70 euros será de 17,50.
El Ministerio de Energía ha aplicado estos cambios en el bono social eléctrico después de que una sentencia del Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por incumplir la normativa de la Unión Europea. No obstante, según la información facilitada por el departamento que dirige Álvaro Nadal, su coste (unos 200 millones de euros anuales en España y 1,2 en Extremadura) seguirá corriendo a cargo de las eléctricas como «un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos del Estado».
Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex) explican que esta nueva regulación se mide en función de la renta y limita también la cantidad de energía subvencionada. Para ello, se recogen dos figuras de consumidor eléctrico: el «vulnerable», cuyos ingresos familiares no superan los 11.280 euros para un hogar de dos miembros, 15.040 de tres y 18.780 para los de cuatro; y el «vulnerable severo», si sus ingresos no llegan al 50% de los fijados para el anterior. En el primer caso, el descuento en la factura de la luz será del 25% y en el segundo del 40%, aunque podrá llegar al 50% si la familia recibe atención de los servicios sociales y está en riesgo de pobreza.
A estos colectivos se suman además las familias numerosas (unas 14.500 en la región) y los pensionistas que perciben pagas no contributivas (13.500 aproximadamente), que también podrán solicitar el bono. Según las estimaciones de la Ucex, podrían ser más 80.000 los beneficiarios extremeños ya que al aplicar criterios de renta «el abanico se abre» respecto a la anterior regulación. A todos ellos se les estipulará un máximo anual de consumo subvencionado que va desde los 1.200 kwh para hogares sin menores hasta los 3.600 kwh para las familias numerosas.
CORTES DE SUMINISTRO / El real decreto que recoge el funcionamiento del nuevo bono social regula además los cortes de suministro, con un plazo que se amplía de dos a cuatro meses, y establece un mecanismo para evitarlos en el caso de consumidores más pobres.
Desde la Ucex defienden que una reforma del bono social eléctrico era necesaria, pero lamentan que el Gobierno se haya quedado «muchas posibles mejoras en el tintero». Entre ellas, la obligatoriedad de que las compañías eléctricas comuniquen a los potenciales beneficiarios la posibilidad de acogerse al bono. Así, desde la organización extremeña consideran positivo que los nuevos descuentos se hayan ligado a los niveles de renta porque permitirá que puedan acogerse familias que hasta ahora no tenían derecho aunque se vieran en dificultades para pagar la factura. Sin embargo, lamentan que para calcular las rentas se use el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), establecido desde hace años en 537,84 euros al mes, en lugar de los 707,7 euros del salario mínimo.
Además, para el colectivo es «absolutamente necesario» aumentar el cupo de energía subvencionada, ya que los topes fijados no cubren las necesidades anuales de una familia (el gasto medio en España es de 3.500 Kwh al año). A ello se suma que tampoco se han tenido en cuenta las necesidades de regiones como Extremadura, con «climas extremos» y por tanto, un gasto energético mucho más acusado en determinadas épocas del año.
Desde que el nuevo bono social eléctrico entrara en vigor hace un mes, las consultas a la Ucex por este tema han superado el centenar. Desde la organización animan a todos los colectivos a solicitarlo y lamentan que en muchos casos no se haga porque los afectados no sepan que pueden acceder a estos descuentos.
