A buscarse la vida. Los alumnos de Secundaria que tengan exámenes pendientes para septiembre y vivan lejos de su centro escolar tendrán ir pensando cómo acudirán a hacer los exámenes la primera semana de septiembre. El secretario general de Educación, César Díez Solís, confirmó ayer que la consejería no contratará autobuses escolares para transportar a los alumnos a sus centros en esta convocatoria extraordinaria "por responsabilidad política".

Asegura que se ha realizado un estudio sobre la organización logística y el coste que conllevaría contratar para los primeros cuatro días hábiles de septiembre este servicio y los resultados son negativos. "La consejería ha decidido no acometer este gasto extraordinario, tal y como se viene haciendo en el resto de comunidades autónomas", señala Díez Solís. Y es que dotar a los alumnos de este servicio cuesta 40.000 euros al día, estos es 160.000 euros los cuatro días que duran los exámenes en esta convocatoria --del 3 al 6 de septiembre-- y que además "es muy complicado saber con exactitud el número de estudiantes que harían uso de este servicio ya que se examinan de materias distintas y en horarios diferentes", explica el secretario de Educación.

En total son 20.600 los alumnos de Secundaria que tienen materias pendientes y que participarán en esta convocatoria extraordinaria, que por primera vez se realiza en septiembre y no en junio como hasta ahora. De ellos, muchos residen en la misma localidad en la que se ubica su centro, pero otros pertenecen a centros rurales que no se ubican en los lugares de residencia. "La cifra de afectados es numeroso", señala Miguel Salazar, responsable de la Federación de Enseñanza de UGT. Salazar considera que este nuevo recorte es discriminatorio y atenta contra la libertad de oportunidades de los alumnos y contra su derecho a la educación, ya que hasta ahora, los estudiantes podría hacer uso del transporte escolar para las recuperación, que hasta ahora se celebrarán en junio.

Educación se escuda en el ahorro económica para tomar esta decisión y asegura además que este año ha tenido que hacer frente a una deuda de 3,1 millones de euros relacionada con el servicio de transportes. Se cumplen así los pronósticos de CCOO, que ya alertó en junio que la Junta no pensaba en contratar este servicio pese a que es de una actividad académica obligatoria para los alumnos de ESO. La asociación de padres y madres también critica este recorte.