La Abogacía del Estado coincide con el Gobierno en que el Banco de España debe ser el único organismo habilitado para decidir el futuro de una caja de ahorros insolvente, y no las comunidades autónomas, porque la inestabilidad de una entidad financiera genera riesgos para el conjunto de la economía.
Así lo defiende la Abogacía del Estado en las alegaciones remitidas al Tribunal Constitucional a raíz de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia y Extremadura contra la norma que crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al considerar que invade sus competencias.
"No puede caber ninguna duda sobre la necesidad de centralizar en el Banco de España, como órgano responsable de garantizar la solvencia del sistema financiero, las decisiones que hayan de adoptarse para garantizar la solvencia de nuestras entidades de crédito en todo el territorio nacional y para tratar de buscar la más rápida y acertada solución a dichos problemas", sostiene.
Además, en contra del apoyo que hizo el Constitucional en 1988 a las competencias autonómicas sobre cajas, la Abogacía del Estado cree que "quizá sea tiempo ya de acabar con el mito de la caja vinculada al territorio y percibirlas como importantes entidades de crédito de implantación nacional e internacional y cuya insolvencia o inestabilidad tiene indudables consecuencias sistémicas".
