Los decanos de los colegios de Abogados de Extremadura, que discrepan en sus valoraciones sobre la reforma judicial incluida en el programa electoral del Partido Socialista, coinciden al defender la necesidad de dotar de mayores competencias a los magistrados de los tribunales superiores autonómicos, a quienes consideran infravalorados.
El decano del Colegio de Abogados de Badajoz, José Manuel Rubio, considera "adecuada y razonable" la propuesta socialista, que sugiere que los tribunales superiores de justicia de cada comunidad --en la región, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)-- sean la última instancia judicial y que el Supremo quede como órgano unificador de doctrina para evitar sentencias contradictorias. En su opinión, la medida puede contribuir a paliar el colapso del alto tribunal y a incrementar las competencias autonómicas.
"Me consta que, al menos en el TSJEx, los magistrados están infrautilizados en algunas salas", denuncia el decano, que critica el hecho de que los jueces más expertos y "el culmen de la carrera judicial en el ámbito de una comunidad" no tengan sentencias que dictar, mientras otros en su primer destino en un juzgado de primera instancia pueden tener unas mil, explica. Además, contando con la posibilidad de que la saturación del Supremo se traslade con el nuevo sistema a los autonómicos, consideró "mucho más fácil" nombrar a nuevos magistrados para estos tribunales "antes que para el Supremo, que parece más un cargo político".
De esta propuesta de descentralización del sistema judicial, Rubio defiende la proximidad en la obtención de un resultado, es decir, "que la sentencia se dicte con la mayor celeridad", a fin de evitar "tener que esperar cinco años para que la resolución de un asunto sea definitiva".
El decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Joaquín Hergueta, rechaza que el Supremo quede meramente como un órgano de unificación de doctrina, aunque se muestra partidario de que se dote de mayores competencias, tanto civiles como penales, a los tribunales superiores de justicia para aportar más garantías y rapidez a la justicia.
Hergueta subraya la necesidad de que se acometa, como contempla el Pacto de Estado por la Justicia, la dotación de más competencias a las salas de los tribunales superiores, tanto en el orden civil como en el penal, porque estas salas, dijo, "están sin utilizarse" y sus jueces disponen de unas competencias "muy reducidas" y "limitadas".
