Se lanzaron duras críticas desde sectores conservadores argumentado que la nueva normativa animaría a que hubiera más casos, pero los datos oficiales reflejan una realidad totalmente contraria a la planteada por los detractores. Desde que se puso en marcha la conocida como ley de plazos (a mediados de 2010), el número de abortos ha ido disminuyendo año tras año. Lo ha hecho a nivel nacional, con un 20,6% menos; y aún más en Extremadura, con casi un 30% de bajada desde 2011. Así lo recogen las cifras que maneja el Ministerio de Sanidad, en las que se observa que si ese año hubo 1.657 interrupciones voluntarias del embarazo, en 2015 fueron 1.206, lo que supone una tasa de 5,89 por cada mil mujeres (10,4 a nivel nacional), la más baja en la región desde la entrada en vigor del nuevo texto. En el cómputo general, se ha pasado de 118.611 a 94.188 intervenciones en el mismo periodo.

Dentro del porcentaje extremeño, el perfil más habitual es el de una joven de entre 25 y 29 años, sin hijos y sin abortos previos, desempleada o trabajadora por cuenta ajena, de nacionalidad española y que no utiliza anticonceptivos en la mitad de los casos o que usa un método eficaz pero le falla en más del 40% de las ocasiones.

Otro dato llamativo es que la mayoría de las interrupciones se hacen dentro de las 14 primeras semanas, esto es, dentro del periodo en el que se considera un derecho de la mujer sin tener que alegar razón alguna, según establece la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el Centro de Planificación Familiar de Mérida, la ginecóloga Azucena Llopis analiza las cifras y manifiesta: «Frente a las opiniones catastróficas, se confirma una clara tendencia a la disminución en el número de intervenciones desde la nueva ley de 2010».

Es difícil achacar este descenso a un único factor, asegura Llopis, no obstante destaca el aumento de la utilización de anticonceptivos. «Se ha incrementado, por ejemplo, el conocimiento y uso de la anticoncepción de urgencia (la píldora del día después), que ha ido en aumento en los últimos años tras la venta libre en farmacias, además de facilitarse de forma gratuita en los Centros de Planificación Familiar de Extremadura. Se puede utilizar hasta 72 ó 120 horas después». No obstante, añade: «En el 75% de los casos no se ha usado con anterioridad y más del 70% no lo considera un método anticonceptivo habitual. De manera que se hace un buen uso y no un abuso. Hay un mejor conocimiento de este recurso por parte de la población, lo que supone una buena manera de evitar embarazos no deseados y, por tanto, abortos».

Asimismo, Llopis subraya que la comunidad cuenta con una red de 26 servicios de planificación familiar «muy arraigados, lo que facilita un mejor acceso a una anticoncepción eficaz y de calidad». Y añade: «Desde ellos se sigue trabajando en mejorar la educación sexual de la población más joven».

Uno de los puntos más polémicos de la ley de 2010 puso el foco en las menores de 16 y 17 años. El primer texto recogía que éstas podrían tomar una decisión sin informar a sus progenitores, pero tras intensos debates la normativa finalmente estableció que sería sólo cuando la chica alegase «grave conflicto». Pero este punto volvió a ser modificado en 2015 para eliminar la excepción, de manera que actualmente los padres podrían obligar a una mujer de esa edad a tener un hijo no deseado. En este sentido, Llopis asegura que algunos sectores como ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo) advierten de que el descenso de abortos entre menores podría esconder prácticas clandestinas dada esta reforma legislativa. En la comunidad, el grupo de edad comprendido entre 15 y 19 años representa el 11,5% del total de intervenciones (138), mientras que las menores de 15 suponen el 0,41% (5 casos).

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA / En Extremadura la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en la medicina privada y solo existe una clínica acreditada en Badajoz (Guadiana). Hay un pequeño porcentaje de intervenciones que se realizan en otro centro de Salamanca, mientras que los casos que pasan las 22 semanas se trasladan a Madrid. Los centros sanitarios del SES se acogen a la objeción de conciencia. Derivar este servicio a la privada supuso en 2016 un coste de 461.685 euros, según los datos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta.

«Es un tema que genera mucha polémica: unos lo entienden como derecho y otros una agresión a la vida. Es una cuestión en la que existe una doble moral, porque no aceptamos el aborto para los demás pero sí para nosotros mismos por considerar que nuestra situación es diferente”, expresa Llopis. Y añade que aunque se ha avanzado, aún existen demasiadas lagunas en educación sexual.